Análisis del conflicto colombiano
Estaban demoradas la institución militar y las autoridades competentes para iniciar investigaciones serias y tomar medidas ejemplares en la probable descomposición ética, que se convirtió un importante sector del servicio de sanidad militar, en especial después de la asunción de los ministros de defensa civiles, cuando se utilizó el argumento de la defensa política de las tropas, para llenar el Ministerio, la justicia penal militar, los organismos descentralizados, la sanidad militar etc., de cuotas burocráticas, con “expertos” en logística, periodismo, contratos de costosos y poco efectivos estudios técnicos, organismos cuestionados como Fondelibertad y otras perlas, que deben salir a la luz pública, y que por su gravedad exigen que rueden cabezas, además de cárcel, devolución de dineros y escarnio público.
Desde hace varios años, los usuarios de sanidad militar en los dispensarios y el Hospital Militar Central hemos venido soportando mal servicio, abusos, irrespetos e ineficiencias disfrazadas con inoperantes dependencias de atención al usuario, que en muchos casos poco o nada ayudan a solucionar los eternos problemas, pues los directores de los dispensarios o del Hospital Militar, están “ocupados” en otros quehaceres o atienden y resuelven de acuerdo con el grado militar del beneficiario, la amistad con este, el padrinazgo que lleve, o lo que es peor, resuelven las respuestas a las quejas, acorde con lo que les escriben los asesores de “atención al usuario”.
En teoría todos los usuarios de sanidad militar son seres humanos con iguales derechos, pero en la práctica no. Existe una odiosa diferenciación discriminatoria con una oficina de atención a generales y almirantes en el Hospital Militar, exclusiva para atender y tramitar las consultas, hospitalizaciones y entregas de medicamentos a los oficiales de insignia, que desde luego muy bien lo merecen por sus servicios a la patria.
Lo que no es justo es que en reconocimiento a la igualdad constitucional, no exista esa misma oficina para coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos, cabos y soldados profesionales o sus equivalentes en las tres Fuerzas Militares. Y mucho menos es justo, que para conseguir aprobaciones para citas especializadas o exámenes médicos especializados, o entregas de medicamentos especializados, los usuarios que no son generales y almirantes, tengan que recurrir a decisiones judiciales, intrigas, amiguismos, o lo que es peor sacar a flote la irascibilidad derivada de la mala atención, para hacerse atender a las malas, porque ese ambiente de indecuado servicio generalizado, también es una forma de corrupción.
Pese a que el mundo moderno avanza con celeridad en los sistemas y aplicaciones para separar las citas médicas, de manera poco creíble y generadora de suspicacias, al Ministerio de Defensa se le ocurrió la idea de contratar un costoso call center, donde unas funcionarias sin ningún vínculo afectivo con la institución militar y desconocedoras absolutas del duro trajinar de un uniformado antes de pasar a la reserva activa, están entrenadas para tener al paciente hasta media hora escuchando grabaciones de la época navideña del año anterior, y cuando al fin se dignan contestar la llamada, hacen una serie de preguntas agotadoras al usuario, para por lo general decirle al final del interrogatorio: “No hay agendas abiertas”, “vuelva a llamar”, y “lo voy a dejar en línea para que califique nuestro servicio, recuerde que habló con XXX.
Pero el drama del usuario de Sanidad Militar no termina ahí. Cuando con contadas excepciones consigue las citas, es atendido por profesionales mediocres, que trabajan a horario y como complemento personal para incrementar el salario, que no tienen ninguna identidad institucional con las reservas o con las tropas, y que se limitan a formular medicamentos de acuerdo con el listado oficial, para que el usuario vaya a una farmacia donde muchas veces los medicamentos no están completos, y hay necesidad de hacer hasta dos o tres idas a reclamarlos y hasta recorrer un penoso camino de burocracia e ineficiencia.
Con la circunstancia agravante, que cuando se necesitan exámenes de laboratorio no hay reactivos completos, o es necesario ir donde todopoderosas funcionarias de atención al usuario a suplicarles que autoricen la nueva cita, la corrección a la fórmula etc, sin que el director del dispensario se entere de todo lo que sucede. Y en ese caos en el Hospital Militar es peor la situación.
Pero todas esas ineficiencias serían minucias frente a los rumores que circulan en torno a pesumibles casos de indelicadeza en la contratación de medicamentos, profesionales y demás servicios, asuntos que ameritan ser aclarados ahora que se destapó esta presunta red de falsificaciones de documentos, para adjuntar a las juntas médicas por incapacidad laboral o por retiro del servicio activo.
Desde hace varios lustros, reina un marcado inconformismo sin que las quejas o críticas hayan causado el efecto deseado, acerca de la forma como se liquidan los pagos por incapacidad relativa y permanente de algunos generales de la república. Llama la atención que estos personajes, que son varios, ascienden a determinado grado y en la ficha médica de ascenso no presentan mayores problemas físicos, ejercen su función y anualmente pasan por el hospital militar por un riguroso chequeo médico ejecutivo que debería ser igual para todos los cuadros de mando de la institución, y en términos corrientes se encuentran aptos para el servicio.
Pero por los vaivenes de la carrera, cuando esos señores generales son retirados del servicio en pleno ejercicio de sus funciones y en aparente buen estado de salud, entonces entran a valoración de una junta médica y allí obtienen millonarias indemnizaciones, como si estuvieran casi paralíticos, y lo que es peor, algunos de ellos salen a ocupar cargos públicos, contratados por el mismo Estado que los acaba de indemnizar por incapacidades a veces superiores al 90%. Eso tiene un solo nombre: Corrupción que debe ser investigada y sancionada ejemplarmente.
En ese orden de ideas cuando se pudre a sal se pudre todo el resto de los elementos perecederos. Por esa razón es probable que se haya creado la evidente rede de corrupción que acaba de destapar el propio general Lasprilla, pero que no puede quedarse en el nivel bajo o medio de la estructura, sino que debe ir más allá y compulsar copias a la Procuraduría y la Fiscalía, no a las inspecciones de las respectivas fuerzas, para que se realicen las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar y sin contemplaciones contra quienes hayan incurrido en delitos o conductas relacionadas con estos aberrantes casos.
Basta con exigir a los entes encargados que entreguen a las autoridades penales y disciplinarias copias de la resoluciones de pagos de indemnizaciones por juntas médicas para retiros o incapacidades de personas de diferentes grados en las Fuerzas Militares, que han recibido millonarias sumas durante las últimas dos décadas, para que de manera transparente se dejen a un lado a quienes de verdad las merecen por su servicio a la nación y para que se castigue con todo el peso de la ley a quienes han cohonestado y promovido ese tipo de conductas.
No es justo que los recursos de sanidad militar, que los contribuyentes colombianos aportan para que sus militares activos y de la reserva tengan bienestar sanitario, se desvíen en favoritismos de inhabilidades fingidas, tratamientos de estética para determinados sectores, amiguismos, presuntos contratos leoninos, burocracia inoperante, y otras asqueantes prácticas de corrupción, tan comunes en nuestro descuadernado sistema político-administrativo colombiano.
Deben rodar cabezas, y aparecer responsables penales, disciplinarios y administrativos, porque es inaceptable que a menudo surjan escándalos de corrupción o malos manejos administrativos en las instituciones militares, fracasos operacionales, rechiflas al presidente Santos por su erróneo manejo de la paz, evidente desmoralización de las tropas por todo el entorno que se evidencia, y en contraste el ministro Juan Carlos Pinzón siga atornillado al cargo de ministro de Defensa, pese a que a todas luces no acierta en casi nada, simple y llanamente por no ser idóneo para eso. Quizás lo sea y con lujo de detalles para otras actividades profesionales, pero para esta NO.
En lo operacional porque Pinzón demuestra ignorar el plan estratégico de las Farc y actúa dócil a su jefe Santos. En lo administrativo porque los casos de corrupción e ineficiencia logística así lo demuestran y no puede decir que es a sus espaldas, debido a que tiene todas las herramientas para anticiparse a los hechos. En lo académico porque las tropas reciben instrucción militar táctica y estratégica que no encaja con la realidad del conflicto. Y mucho menos política, pues con sus permanentes actuaciones Pinzón representa los intereses del santismo, hace campaña política personal velada para opacar a Vargas Lleras en las elecciones de 2018 y desconoce lo más elemental de la guerra política para enfrentar esa compleja estrategia de las Farc y el Eln.
La lealtad no es confabularse con lo que está mal, ni ocultarlo, ni defender lo indefendible. A Pinzón se le acabó el rato en el Ministerio de Defensa y lo mejor que puede hacer es renunciar, dejar el camino para alguien que tenga el perfil y la autoridad para evitar que todo esto suceda y que pueda destapar todas esas pollas podridas para que la justicia obre con imparcialidad y firmeza.
El escándalo de corrupción que acaba de destapar el general Lasprilla, debe ser investigado hasta los niveles superiores de quienes hayan incurrido en esas prácticas siniestras desde hace varios años. De lo contrario la desmoralización interna de las tropas será mayor, y ese gravísimo problema no se corrige ordenando a los comandantes de las tres fuerzas que salgan a dar declaraciones santistas ante los medios de comunicación, ni con el cuento de que las Farc están sentadas en la mesa de conversaciones gracias a esas tropas traicionadas por superiores políticos. Ni que la moral de los militares está en el tope, porque simplemente eso no es cierto.
Es mejor quedar con los colores rojos en la cara por una vez y no pálido toda la vida. La historia no perdona, mucho menos si no se actúa con la templanza suficiente cuando haya que hacerlo. Además los comandantes de las Fuerzas Militares no pueden permitir que este hecho tan grave de inmoralidad administrativa interna, sirva de cortina de humo a Santos para que siga cometiendo errores político-estratégicos con el proceso de paz y lleve al país a olvidar la masacre de los soldados en el Cauca la semana pasada. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos