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33 años de impunidad para el M-19 después del ataque terrorista del M-19 al Palacio de Justicia

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     Análisis del conflicto colombiano

     En un mundo al revés como suele suceder en las democracias tropicales similares a la colombiana, los militares que salvaron la república en una de sus más aciagas horas resultaron culpables, mientras que los terroristas terminaron sin implicaciones jurídicas y de ñapa, siendo senadores, gobernadores, alcaldes, y decanos de moral pública.

     El 6 de noviembre de 1985, hoy hace 33 años, una cuadrilla de criminales armados pertenecientes al M-19,  ingresó por asalto al  Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Los guerrilleros asesinaron a los vigilantes, secuestraron, ultimaron a tiros a los magistrados, e incendiaron los archivos judiciales, y pusieron al país en vilo. Todo esto porque hacían un mandado a los capos del cartel de Medellín para desaparecer todos los expedientes que sustanciaban las autoridades judiciales nacionales contra Pablo Escobar y sus secuaces y de paso pretendían forzar al débil y folclórico mandatario Belisario Betancur a que cediera ante todas las imposiciones de los terroristas,

     Débil, sin espacio de maniobra y sin carácter para asumir las funciones que le ordenaba la Constitución Nacional, el entonces presidente Belisario Betancur se convirtió en un convidado de piedra y a partir de ese momento en un cínico, que con la mayor frescura, asevera que su versión de los hechos solamente se conocerá cuando fallezca. O sea, para él no operan las leyes colombianas. Es un cuerpo glorioso y un sujeto intocable. Hubiera sido en Perú o Ecuador, Belisario podría estar en la cárcel no disfrutando a cuerpo de rey de su senectud, sin responder por ninguna de sus erróneas actuaciones contra Colombia. Pero en este país del Sagrado Corazón, nos acostumbramos  a que no pasa nada, cuando se trata de las actuaciones de un presidente, por anómalas que ellas sean . 

     Con el paso del tiempo, algunos ambiciosos familiares de las víctimas han buscado jugosas indemnizaciones y para lograrlo han buscado por todos los medios posibles, que se profieran  condenas judiciales contra el Estado por estos hechos. Y la habilidosa justicia colombiana, ha encontrado el muerto aguas arriba.

     Esa justicia politizada y oportunista se dedicó a condenar militares por supuestos excesos en lo que eufemísticamente denominan la retoma del palacio, en lugar de juzgar a Belisario Betancur, a su ministro de gobierno, a sus comisionados de paz que fueron incapaces de convencer a los terroristas del M-19 para que se desmovilizaran durante las épocas previas al asalto, mediante costosas e improductivas conversaciones de paz; a los bandidos del M-19 que sobrevivieron, a los congresistas que les hacían el juego, a los cómplices del narcoterrorismo comunista que desde hace más de cinco décadas conviven camuflados entre los demás colombianos como si también fueran gente honesta, etc; 

     No es fácil entender por qué si los jueces de conocimiento  declararon que los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 son crímenes de lesa humanidad, por ende se debe condenar a los agentes del Estado que supuestamente se excedieron, entonces por qué no se aplica la misma lógica a los terroristas que sobreviven del M-19, con el argumento que ya fueron amnistiados e indultados.

     O lo que es peor, el cuento chino de Antonio Navarro Wolf uno de los cabecillas principales del M-19 que según él no participó en el planeamiento de tal atrocidad, porque en ese momento estaba en México. El terrorismo comunista es muy dado a consultar con todos los cabecillas las acciones criminales y es obvio inferir  que Navarro Wolf si fue consultado para tomar la decisión de asaltar el Palacio de Justicia, pero como sus compinches ya están muertos Navarro puede decir que se acaba de enterar o que todo fue a sus espaldas.

     De todas las absurdas condenas por estos hechos, la mayor infamia y la peor injusticia de quienes tomaron tan espuria decisión, es la condena penal contra el general Jesús Armando Arias Cabrales. No hay un solo oficial, suboficial, soldado o empleado civil que haya tenido el honor de ser comandado por el general Arias Cabrales, que tenga una sola crítica negativa en su contra o que pueda decir que conoce manchas que afecten su honorabilidad sin tacha, su profesionalismo militar y su ejemplar comportamiento personal y familiar. Mucho menos cabría la más mínima sombra de duda acerca de que el general Arias Cabrales, hubiera procedido como un supuesto criminal de guerra, forma como la justicia manipulada pretende hacerlo aparecer ante la historia.

     La Selva RojaLa verdadera historia de lo sucedido en el Palacio de Justicia durante los fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985 está por escribirse. Colombia necesita rescatar esa memoria histórica. Si es cierto que quien la hace la paga, el gobierno Duque debería acudir ante las instancias que sean necesarias para que se juzgue y condene a los verdaderos responsables de los crímenes cometidos por el M-19. Esto incluye a los asaltantes y a la dirigencia política colombiana en el poder en ese momento, cuya ineptitud permitió dicha barbarie.

     La titánica lucha del coronel Plazas Vega para demostrar su inocencia es apenas una parte de las correcciones que la justicia colombiana adeuda a la historia del país en torno a tan aberrantes hechos.

 Los historiadores sensatos, están obligados a construir textos de historia verídicos en los que quede claro y no haya dudas para las generaciones venideras, que el M-19 era uno de los tantos brazos armados en que se escindió la estrategia integral del Partido Comunista para la toma del poder político por medio de la combinación de las formas de lucha.

 Que los asaltantes del Palacio de Justicia fueron los terroristas del M-19 y que nunca hubo retomas sino recuperación del imperio de la ley y la Constitución Nacional; que la laxa y descriteriada justicia colombiana los indultó y amnistió; que ha sido abominablemente injusta la condena contra el general Arias Cabrales; que los terroristas del M-19 que aún sobreviven no deberían ocupar cargos públicos sino estar encarcelados y que antes de morir el expresidente Belisario Betancur y sus asesores directos deben responder ante la justicia como colombianos que son, no como seres con extrañas aureolas de impunidad.

Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido

Especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional

www.luisvillamarin.com