Condena contra Plazas Vega, ¿reflejo de la descomposición interna de la justicia colombiana?

Publicado: 2012-01-30   Clicks: 4518

 

     El cuestionado fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Bogotá contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, mediante el cual se ratifica la condena de 30 años de prisión dictada en su contra en primera instancia por un Juzgado de la capital, refleja la crisis estructural de la profesión del abogado y del componente total de la Justicia en Colombia. Una y otra son interdependientes.

     En la irregular decisión de responsabilizar al Coronel Plazas Vega, uno de los más brillantes soldados de las Fuerzas Militares de Colombia, por la nunca probada desaparición de alguno de los terroristas que a sangre y fuego asaltaron el Palacio de Justicia y de un empleado de la cafetería, se conjugan otros elementos que a la luz de la lógica, indicarían graves conclusiones para cualquier lego en la materia,   verbigracia:

     Sesgo ideológico de los funcionarios instructores y falladores; perversa intencionalidad de hallar un culpable por conveniencias políticas; presumibles interacciones de las mafias con algunos funcionarios judiciales; venganzas políticas contra quien haya trabajado para la administración Uribe (2002-2008), así como una siniestra ambición económica de algunos interesados en sacar ventajas del asunto.

     El manejo jurídico e investigativo del caso del asalto terrorista del M-19 contra el Palacio de Justicia, es  un espejo emblemático de la  formación ética y procedimental que reciben muchos de los abogados acreditados en las universidades colombianas, verbigracia la validez como prueba reina del expendiente, de la inexistente declaración de un sujeto  a quien hasta le cambiaron el nombre. Podría decirse que el juzgamiento contra Plazas Vega, hace parte del record Guinness por la inadecuada sustanciación y fallo de un proceso penal.

      La condena de 30 años de prisión, sin suficientes pruebas y con serios vacíos procesales, contra un hombre que arriesgó su vida y la de sus subalternos para salvar la república y la democracia en una de las horas más aciagas de la turbulenta existencia nacional, es una puñalada traidora contra la justicia en su estructura, contra la dignidad de la República de Colombia, contra la sociedad civil, contra las Fuerzas Militares, contra la institucionalidad, contra las víctimas del narcoterrorismo comunista, contra la historia patria. Es una afrenta sin par en los anales de la construcción de nuestro tejido social y político.

    Para quien sea sensato y honesto, es impensable que sea encarcelado quien participó con tanto patriotismo y valor en un desigual combate contra los narcoterroristas que pretendían deponer la institucionalidad, estimulados por la carencia de carácter y de estrategia política nacional del gobierno de Belisario Betancur; mientras que los terroristas que participaron en el planeamiento del horrendo crimen, o que pertenecían a la banda narcoterrorista sean hoy “eminentes y pulcras figuras públicas” como los “doctores” Petro y Navarro.

     El mundo al revés. Pero ¿qué más se puede esperar de una justicia cuestionada en su conjunto, en la que los magistrados de la Corte Suprema no investigan a los bandidos de cuello blanco inmersos en farcpolítica, para desquitarse de su enemigo personal Álvaro Uribe;  todos los días se descubren chanchullos y acciones torcidas en el inoperante Consejo Superior de la Judicatura; o donde a una juez con visos de ser venal la promueven a magistrada, o en la que muchos fiscales y jueces son miembros de Asonal, organización sindical infiltrada por la izquierda violenta, etc?

     O lo que es mas sintomático, que si se realiza un examen de conocimientos, idoneidad y aptitudes a magistrados, jueces, fiscales, secretarios y demás funcionarios judiciales, más del 60% de ellos reprueba, o que para evitar quedar al desnudo de su incompetencia, estos activan la defensa sindical, o leguleyadas legitimadas, con las que escurren el bulto a la responsabilidad.

     Además pudiera deducirse,  asi lo nieguen con mil justificaciones y leguleyadas, que algunos magistrados tienen un padrino político a quien representar, casi todo juez tiene un padrino magistrado; y en algunos casos los fiscales instruyen de acuerdo con conveniencias, o en otros casos que han sido públicos, se han comprobado pruebas de sobornos, de procedimientos irregulares y hasta de “brujos” en el más alto nivel de la Fiscalía.

      Las posiciones de fiscales, jueces y magistrados son cubiertas con abogados graduados en facultades de todos los estratos y todas las escalas de calidades. Los idóneos son contados, pero lo siniestro del asunto, es que los colombianos sin padrinazgo político o sin dinero, para pagar onerosos jurisconsultos que tengan la habilidad de ejercer la profesión dentro de esa jungla, estamos en manos de esa justicia permeada por la descomposición.

    Es probable que parte o mucho de esto se acumule en la asqueante decisión imparcial y carente de objetividad de un juez, ratificada por el Tribunal Superior contra el coronel Plazas Vega. Es increíble que un ser humano sea condenado en contra de los códigos, en contra del debido proceso, en contra de la verdad documental.

      El falso testigo que dentro del expediente sindica a Plazas Vega, declaró ante el Procurador General de la Nación que son falsas las piezas procesales en las que aparece su nombre y firma. En cumplimiento de su misión constitucional el Procurador conceptuó que el proceso contra Plazas Vega está viciado y que por ende debe ser anulado.

      No obstante los ilustres magistrados que ratificaron la condena en segunda instancia, ignoraron el docto concepto del Procurador General. Uno de ellos votó en contra de la decisión, pero otros dos confirmaron la sentencia. ¿Evidente muestra del  2-1, tan cuestionado en otras actuaciones de otros tribunales?... El tiempo lo dirá.

    ¿Qué espera entonces a Colombia?, cuando por norma de buena fe se deben acatar las decisiones judiciales, pero la evolución de los hechos indica que no hay confianza ni credibilidad, en muchos de los funcionarios de instrucción y falladores.

     El país camina por el borde del abismo, pues este no es el primero ni será el último caso manejado de esa manera. No obstante, queda un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Todo en manos de magistrados, de quienes se espera que actúen con sensatez y rectitud. Exonerar a Plazas Vega y devolverle la libertad y todos sus derechos legítimos, sería la mayor muestra de imparcialidad, objetividad, honradez profesional y justicia, por parte de los altos jueces.

      Lo contrario será estimular a los bandidos de todas las pelambres para que cometan mil crímenes contra Colombia, para que luego se amnistíen, para que se conviertan en pulcros moralistas, para que los exonere la justicia a la que pretendían deponer e instaurar un totalitarismo marxista-leninista, y que de paso, para condenar mediante procedimientos cuestionados, a quienes los combatieron, por no haber permitido que los terroristasvencieran.

      Prueba fehaciente: Plazas Vega en la cárcel, condenado en segunda instancia. Navarro y Petro sobreseídos de sus criminales responsabilidades y fuera de eso gobernando la ciudad que pretendían destruir. Y algo mas, con salarios pagados con los impuestos que aportan sus irreconciliables "enemigos de clase"… ¿Está la justicia colombiana  en crisis?… !Es una vergüenza!.

Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido

Analista de asuntos estratégicos

www.luisvillamarin.com

Lea aquí las obras escritas por el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido

 

 

Reciba gratis noticias, articulos y entrevistas

* indicates required

Maintained and Created by: { lv10 }

LuisVillamarin.com, 2015©