Análisis del conflicto colombiano
Carta abierta
Señores Cámara de Representantes:
Tienen ustedes ante si, la oportunidad histórica de hundir definitivamente en octavo y último debate, el esperpento de proyecto de ley presentado por el gobierno Santos, con el fin de reformar la Justicia Penal Militar, porque lo debatido, revisado y aprobado hasta el momento de este proyecto legislativo, no se evidencia que sea positivo para la sostenibilidad estructural de las Fuerzas Militares y para Colombia.
Lo actuado en ese sentido hasta hoy, solo apunta a favorecer los intereses del narcoterrorismo comunista de las Farc y sus cómplices desarmados; la posibilidad de sacar ventajas jurídicas por parte de los defensores y abogados naturales de las Farc, la oportunidad para seguir desvertebrando las instituciones militares y favoreciendo planes totalitarios contra Colombia; el flaco favor que se hace a demagogos “enmermelados” santistas en aras del Premio Nobel de Paz de su jefe; las voces de enemigos de la democracia en Colombia disfrazada con argumentos de ser ONG´s defensoras de los derechos humanos, etc.
Las razones para la petición para el hundimiento de este proyecto se sustentan en:
1. El artículo 221 de la Constitución Nacional vigente establece que por razón de su labor las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional deben tener un fuero especial para juzgar sus actuaciones derivadas de actos del servicio y por razón el mismo. Y eso es inmodificable y debe mantenerse y robustecerse.
2. No obstante por politiquería y conveniencias personales de anteriores gobiernos, se concedió a la justicia ordinaria una enorme posibilidad, no para aplicar la ley, sino para que algunos miembros de la izquierda proterrorista infiltrados en las instituciones judiciales y amangualados con colectivos de abogados de dudosa reputación, quizás por tener sesgo proclive a las Farc y otras formas de delito, se vinieran lanza en ristre y con evidentes retaliaciones ideológicas, para facilitar el camino a las cuadrillas armadas de delincuentes, ansiosas de convertir a Colombia en un satélite de la dictadura cubana y el llamado socialismo del siglo XXI, financiado por el régimen castrochavista de Venezuela.
3. Se aduce que al pasar la mayor parte de las conductas punitivas de las Fuerzas Militares y la Policía a la justicia ordinaria, habrá transparencia e imparcialidad. Eso es un decir, pues los hechos demuestran lo contrario, como lo podemos ver en seguida:
a. ¿Será imparcial una justicia, manipulada por personas, que a su vez están infiltradas de comunistas e izquierdistas, que desde la década de los sesenta vienen esgrimiendo y argumentando, la necesidad de minimizar las Fuerzas Militares, para permitir el acceso al gobierno de “organizaciones populares” cuyos planteamientos ideológicos coinciden con los de las Farc y el Eln?
b. ¿Habrá imparcialidad en la justicia ordinaria que con contadas excepciones, a diario es blanco de críticas por hechos de corrupción, ineficiencia e indiferencia frente a acciones criminales y otras conductas que ameritarían ejercer justica fuerte?
c. ¿Habrá imparcialidad en una justicia en la que se han visto casos tan aberrantes como un fiscal general con brujos de asesores, un vicefiscal metido en entuertos con relojes rolex, una directora del CTI vinculada a contratos leoninos en el Mindefensa con una figura que se inventó el entonces ministro Santos denominada Fondelibertad; un magistrado que entrega el carro oficial al hijo para que se vaya a fornicar dentro del vehículo y no pague motel; altos magistrados que por lo destapado entre ellos mismos al parecer reciben dinero para fallar tutelas, magistrados que tienen carruseles de contratos en la judicatura, y centenares abogados litigantes mediocres asociados con funcionarios judiciales por amistad o conveniencias?
d. O lo que es peor, ¿será imparcial y capaz de juzgar a los militares o policías una justicia ordinaria en la que los sindicalistas paralizan al país cada vez que les da la gana, y fuera de eso está en el ojo del huracán, amén que por un espurio proyecto de reforma a la justicia presentado por el gobierno Santos, se vio obligado a renunciar el ministro Esguerra, y lo que hoy es más grave aún, con la ley de equilibrio de poderes, truenan dentelladas entre altos funcionarios judiciales, ansiosos de sostener y aumentar su prebendas, en lugar de fortalecer la justicia en el país?
e. ¿Conocen los jueces ordinarios las interioridades de la vida militar, las dificultades de los combates, la vida en campaña de las tropas, las viscisitudess que enfrentan los uniformados frente a las patrañas de los delincuentes, en muchos casos asesorados por abogados con mentalidad mucho más pérfida que la de los mismos terroristas o criminales?
f. ¿Podrán fallar con objetividad e imparcialidad contra los militares, jueces que no pasan las pruebas técnicas especializadas que diseñó el Ministerio de Justicia para verificar su idoneidad?
g. ¿Podrán fallar con imparcialidad, eficiencia, transparencia y claridad jueces ordinarios expuestos a presiones y amenazas de los terroristas o los cómplices de estos, cuando se trate de casos en los que se sindica a militares o policías?
h. ¿Podrán fallar con eficiencia en procesos contra militares y policías, jueces en cuyos despachos duermen el sueño de los justos desde hace años, decenas de expedientes sin sustanciar por falta de tiempo, o por ineptitud de esos funcionarios?
i. ¿Podrán fallar con transparencia los jueces ordinarios casos de militares y policías, cundo ni siquiera han sido capaces de reformarse a si mismos y hacer de la justicia colombiana algo efectivo y digno para un pueblo que espera muchísimo más de ellos?
j. ¿Podrán juzgar con transparencia a militares y policías, jueces que no se sonrojan dejando en libertad a cientos de bandidos de todas las pelambres, con argumentos baladíes como falta de pruebas, captura sin el lleno de requisitos legales y otras perlas, que hoy tienen a la justicia colombiana en un bajo nivel de calificación dentro de la población civil?
k. ¿Podrán juzgar con transparencia y objetividad a militares y policías, jueces que dependen de un padrino magistrado para avanzar en la carrera, sin importar si fueron eficientes o no? ¿Inclusive algunos que buscan redondear elevadas pensiones con actos corruptos como el carrusel de magistrados en la judicatura?
l. ¿Podrán juzgar con transparencia y objetividad a los militares y policías, jueces y magistrados que ni siquiera son capaces de juzgarse a si mismos, cuando ocurren vergonzosas actuaciones suyas, que nunca pasan del temporal escándalo mediático?
m. ¿Habrá imparcialidad en una justicia en la que a menudo se destapan casos de falsos testigos, pruebas falseadas e intenciones políticas en fallos absolutorios, cesaciones de procedimientos o rechazo de pruebas legítimas?
n. ¿Habrá justicia imparcial con militares y policías en un país como Colombia, donde al parecer priman los intereses políticos del gobierno interesado en encarcelar al mayor número de integrantes del gobierno anterior, y al mismo tiempo de perdonar todas las atrocidades a los terroristas, en aras de conseguir un Premio Nóbel de Paz?
o. ¿Habrá imparcialidad y objetividad en procesos y fallos contra militares y policías, en una justicia ordinaria y con una Fiscalía que hasta le dio por utilizar los recursos de los colombianos para hacer propaganda de autoimagen, en los horarios AAA de la televisión, con dibujos animados resaltando lo que por obligación legal debe hacer la Fiscalía, sin necesidad de autoelogiarse?... Alábate que yo te alabaré dice el viejo refrán.
p. ¿Obrará con equidad, equilibrio, imparcialidad, objetividad y eficiencia contra militares y policías una justicia en la que el propio Fiscal General de la Nación, reconoce que es incapaz de procesar y juzgar los miles de crímenes de las Farc , porque no tienen tiempo ni medios. Entonces como van a juzgar a los militares si ni siquiera tienen la capacidad de juzgar a los bandidos de todas las pelambres?
Y la lista puede continuar, para demostrar con argumentos sólidos y validez científica, que la justicia ordinaria colombiana ni está preparada, ni es idónea, ni es juez natural para conocer de las conductas atípicas de los militares y policía por causa y razón del servicio.
4. Los deplorables casos de corrupción que han salido a flote en los últimos meses dentro de las Fuerzas Militares y la Policía, tienen fuerte asidero, en el enorme boquete que dejó la constitución de 1991 en torno a la Justicia Penal Militar y el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares y la Policía. Al extremo que cualquier delincuente se infiltra, se escuda en el uniforme y cuando un comandante va actuar en su contra, consigue abogados apropiados para ese tipo de delincuente, que terminan complicándole la vida jurídica al oficial, que procedió honestamente en contra del infractor.
5. Asimismo al no haber un sistema exclusivo de régimen disciplinario, similar al que permitía la constitución de 1886, los comandantes de tropas y sus equivalentes en cargos técnicos de las instituciones armadas, se quedaron sin herramientas claras y directas para reencauzar la disciplina. Al extremo que para tomar cualquier decisión disciplinaria dentro de las Fuerzas Militares y la Policía, es necesario seguir de manera estricta el Código Único Disciplinario para funcionarios públicos, completamente ajeno a la realidad de la vida en los cuarteles y el ámbito operacional militar contra los actores generadores de violencia. De milagro no ocurren situaciones peores. Y esto incide aún más en la posibilidad que ocurran casos de corrupción al interior castrense, porque siempre abogados listos a la defensa en la medida de los infractores.
6. ¿Podrá un comandante de tropas sin herramientas jurídicas robustecer la disciplina, la moral combativa y la rectitud ética de sus subalternos, cuando estos tienen a su vez la posibilidad de retar su autoridad, a sabiendas que su caso pasará a una justicia que por lo visto, podría no ser sinónimo de imparcialidad, transparencia, eficiencia y claridad?
7. Las anteriores consideraciones prácticas y sacadas de la realidad que conocemos quienes hemos tenido la tarea de comandar tropas en Colombia, nos motivan a escribir a ustedes señores representantes de la Cámara, para que con buen juicio, con la mente lúcida, la visión de los intereses de Colombia por encima de las Farc y los cómplices del grupo terrorista, o los “enmermelados” ansiosos de sostener la caña del Premio Nobel de Santos, los idiotas útiles de la izquierda antimilitar, algunos jueces y fiscales proclives al ideario subversivo, y otros males que afectan a Colombia.
8. Señores representantes, enfrentan ustedes una decisión histórica, en al que se juega mucho del destino del país y de las decisiones que se tomen en la mesa de La Habana. Si por afán mediático se sacrifica a militares y policías con argumentos leguleyos y legalistas, quedará en vilo la columna vertebral de la sostenibilidad de la república, la institucionalidad y el sistema democrático que nos rige.
9. En ningún momento estamos pidiendo impunidad, por el contrario pedimos mano dura contra todas las conducta atípicas en las que puedan incurrir militares y policías. Y eso no se logra destruyendo la justicia penal militar, sino por el contrario fortaleciéndola, tecnificándola, ligándola con la actualización jurídica mundial, nombrando funcionarios competentes en ella no a los apadrinados de los ministros civiles de defensa de turno como ha venido sucediendo desde 1991, y todos los pasos que sean necesarios para que conozcan y castiguen todos los delitos de los militares y policías cometidos por causa y razón del servicio.
10. La sentencia bíblica es contundente: Nadie puede servir a dos amos. Y en el caso de la justicia para los militares y policías, es imposible que las tropas puedan operar con éxito, cuando están expuestas a que carteles de abogados siniestros, tengan la capacidad de enjuiciarlos con testigos falsos, algunos jueces y fiscales proclives al ideario terrorista infiltrados en los despachos, funcionarios instructores ineptos, y cientos de perlas que pululan en los despachos judiciales colombianos.
11. Sería muy positivo que antes de sesionar el octavo debate de la reforma a la Justicia Penal Militar, cada uno de ustedes asesorado por un abogado penalista de su escogencia, entrevistara a un militar o un policía diferente, implicado en casos que se juzgan por jueces ordinarios, para que vieran las sorpresas que encontrarían.
En consecuencia, señores representantes a la Cámara, la obligación moral, histórica, patriótica, ética, política, y jurídica que les corresponde en este momento, es hundir el proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar, y devolverlo al gobierno Santos para que lo corrija y presente un nuevo proyecto de acto legislativo, que sea incluyente con la realidad de las Fuerzas Militares, que no ponga en bandeja de plata la cabeza de las instituciones armadas a los enemigos de Colombia, y para que se siente un precedente que las instituciones armadas, no deben ser objeto politiquero de todo aquel que desee sacrificar a Colombia para salvar su egoísmo, o de ONG´s internacionales proclives al crecimiento político de los terroristas.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos