Análisis del conflicto colombiano
En carta dirigida al embajador de Estados Unidos en Colombia, por el capitán Juan Fierro Presidente de la Asociación Nacional de Veteranos (Analvet), pide una audiencia para plantearle asuntos delicados frente a la indiferencia del presidente Santos y los ministerios de Hacienda y Defensa, en torno a los derechos laborales y salariales de la Fuerza Pública, con el fín de que estos temas sean incluidos, como condicionamiento de los gringos para firmar el TLC con Colombia.
Escribe Fierro: “Los hechos que denunciaremos comprenden violación de derechos fundamentales, incumplimiento de leyes salariales, desconocimiento flagrante de sentencias judiciales y normatividad vigente sobre asuntos laborales” “Consideramos que nuestras denuncias deben quedar incluidas dentro de las exigencias a cumplir por el Plan de Acción que se ha implementado como requisito previo a la presentación del TLC para aprobación del Congreso Americano”
“Señor Embajador: Llevamos 19 años exigiendo por medios constitucionales, democráticos y pacíficos, el respeto a nuestros legítimos derechos sin resultados positivos hasta ahora. Solicitamos comedidamente atender favorablemente nuestra petición de conceder esta importante audiencia, a la que acudiremos con todas las pruebas que soportan nuestras denuncias”
Aunque inusual es válido y valiente, el mecanismo de presión al que el indiferente gobierno nacional ha forzado a este grupo constituido en el mas vehemente de los voceros de la Fuerza Pública desde la reserva activa.
De remate, mientras a la rama jurisdiccional incluida la cuestionada Judicatura los decretos 2151 y 2152 de abril de 2011, les confieren garantías legales de nivelación salarial de acuerdo con las leyes vigentes; por enésima vez mediante decreto 2150 también de abril de 2011, el Gobierno Nacional fijó los porcentajes de pago salarial para los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía con base en el salario de un ministro del despacho, pero sin aplicar las cifras básicas ordenadas en sentencias judiciales para quienes ya han demandado el no pago de sus derechos desde 1992, sino que recurre a la“tabla oficial” que manejan los dos ministerios enunciados.
En reiteradas ocasiones hemos escrito en estas columnas, que así no lo crean los oportunistas politiqueros que ocupan los tres cargos mencionados; los militares y policías también son seres humanos y como colombianos tienen los mismos derechos constitucionales que los demás funcionarios del Estado.
Es inaceptable que una Fuerza Pública en guerra, que a diario entrega lo mejor de sus hombres, que trabaja 24 horas en defensa de la honra y la vida de los colombianos, que sacrifica la familia, el descanso y el reposo; reciba un trato tan vil e injusto.
¿Será que nadie le ha contado a Santos que fue gracias a la sangre derramada por soldados y policías que de manera inmerecida se catapultó a la presidencia?
O, ¿será que nadie le ha contado al ministro Rivera que su función es defender a quienes lo sostienen en el cargo y que los derechos de los militares y policías son tan sagrados como los de cualquier otro colombiano?
O ¿será que nadie le ha contado al Ministro de Hacienda que los dineros públicos y el cargo que ocupa, son para cumplir la ley y no para burlarse de los uniformados que sirven hasta con sus vidas a Colombia y lo protegen a el en ese cargo?
Apoyamos la valiente decisión del capitán Fierro y sus asesores, e invitamos a todos los miembros de la reserva activa a que envíen los derechos de petición a la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares pidiendo claridad acerca de la demora para pagar a todos sin excepción los porcentajes legales desde 1992, sin necesidad de recurrir a inescrupulosos abogados que se quedan con el 30 ó 40% de los pagos.
Es probable que el capitán Fierro presente la misma queja ante la Unión Europea y los demás países con los que Colombia gestiona el TLC, y desde luego, que las asociaciones de oficiales, suboficiales, agentes, soldados profesionales de la reserva activa se manifiesten por escrito ante estas entidades y ante los medios de comunicación, pues los reclamos son justos. No para torpedear el TLC pues algo necesario para Colombia en su conjunto, sino para que se condicione la firma del mismo a que el gobierno colombiano cumpla sus deberes como ordena la ley y no se burle mas de los militares y policías.
Es increíble que mientras la Fuerza Pública es atropellada en el pago de sus salarios a lo que suma la pésima atención y deficiente servicio de sanidad militar, el presidente Santos ya esté inmerso en campaña presidencial reeleccionista en contienda no declarada pero evidente con sus ministros Rivera y Vargas Lleras.
Colombia y el mundo entero tienen que conocer los abusos e irrespetos cometidos contra las Fuerzas Militaresy la Policía por la inepta dirigencia política de los últimos veinte años, a quienes pese a tan desmesurada deslealtad, los han sostenido en sus inmerecidos cargos, aún a costa de elevadas cuotas de sangre y múltiples sacrificios.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos