Después de una semana de escuchar a tirios y troyanos, todos especialistas en asuntos internacionales alrededor del sospechoso fallo de la Corte de La Haya, poseedorees de sesudas elucubraciones acerca del legalismo, las leguleyadas, los fallos en derecho y con sesgos, etc, etc; solo han quedado dos realidades en claro:
1. Que la fronda politiquera de siempre, leguleya y apátrida por naturaleza, una vez más invoca la debilidad de carácter disfrazada con argumentos de tradición legalista de Colombia, para que impunemente se pierda este tramo de mar territorial. Para esto acuden a discursos legalistas y a la espera de que pase el tiempo con su aliado el olvido.
2. Que el por siempre olvidado pueblo colombiano, por enésima vez ha sido desconocido por los dirigentes de turno en un asunto tan trascendental, y que esa fronda como diría Indalecio Liévano Aguirre, ha vuelto a utilizar el argumento de las leyes, para acallar el sentimiento patriótico, popular y nacionalista de las mayorías.
Basta ya de escuchar mas a los sabihondos de siempre, es decir a los que llevaron la nación colombiana a soportar a este vergonzoso fracaso, y, ahora buscan imponer su privilegiada opinión sobre la dignidad nacional. Los mismos que siempre han sacrificado a Colombia para salvar su egoismo. Ni mas ni menos.
Es perentorio entonces, que el pueblo soberano tome una decisión legítima y valedera, denominada desobediencia civil, sustentada en el derecho universal, para conservar la soberanía e integridad nacionales, y a la vez, enviar al mundo entero el claro mensaje:
El pueblo colombiano desconoce este fallo ilegal, no acepta disculpas con argumentos baladíes; rechaza la injerencia nefasta de cortes internacionales de no muy claro proceder, y de paso, exige al débil y laxo gobierno de Juan Manuel Santos, que se olvide de la politiquería, la demagogia, el oportunismo mediático, y, el amiguismo con quienes nos han mal representado ante instancias jurídicas internacionales, pues sobre esos nefastos personajes debe caer el peso de la ley.
En ese orden de ideas, el paso necesario e impostergable antes que llegue diciembre con su alegría, parranda y animación; es que todas las organizaciones sociales, políticas, financieras, religiosas, que sientan que por sus venas corre sangre colombiana legítima, convoquen a sus asociados y no asociados, para que sin sesgos políticos, ni oportunismos mediáticos, se inicie una recolección masiva de firmas en todos los municipios, corregimientos y veredas, para imponer al gobierno colombiano la voluntad popular:
Desconocer todos los contenidos que son lesivos a la integridad nacional insertos en el fallo de Corte de La Haya contra Colombia, emitido el pasado 19 de noviembre de 2012, por ende se debe desacatar el referido fallo, así como establecer las responsabilidades políticas y penales a que haya lugar contra los responsables por acción u omisión, del vergonzoso episodio histórico.
Las razones para desconocer el fallo son estructurales: Nicaragua y los socios de las Farc en el Alba, no solo quieren el mar territorial que la Corte pretende regalar a Nicaragua. Quieren ver a toda Colombia metida en el círculo de acción del Alba. Tras esta victoria diplomática van por el resto, si es del caso con medios militares, es decir hay una evidente intención de guerra contra Colombia, aunque los leguleyos legalistas no lo ven así, pues ignoran que en asuntos de guerra, estrategia y geopolítica, los comunistas son tramposos, traicioneros y decididos a conquistar el cielo con las manos.
Además, el miedo derivado del argumento de los leguleyos de siempre, que si Colombia desconoce el fallo, Nicaragua se quejaría ante la ONU y que en consecuencia el Consejo de Seguridad de la ONU podría tomar medidas coercitivas contra Colombia, por lo tanto, que se debe acudir al recurso de revisión sin retirarse del Pacto de Bogotá que interconecta con la Corte de la Haya, porque no se puede ser pesimista ante lo que puede suceder.
Esta visión mediocre y carente de objetividad, demuestra desconocimiento total de las intenciones político-estratégicas del Alba, la dictadura cubana y el socialismo del siglo XXI; así como absoluta ignorancia de cómo manejan sus intereses particulares las cinco potencias del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya decisión al respecto debe ser consensuada. Un solo miembro que vete cualquier propuesta, la invalida de plano. El actual caso de Siria es el más claro ejemplo.
Francia uno de los cinco todopoderosos Estados del planeta, ya incumplió un fallo y en este caso podría inclinarse por Colombia. Inglaterra tiene un conflicto con Argentina por las Islas Malvinas y por razones obvias no se clavará el puñal. Estados Unidos tiene intereses económicos, pero también tiene intereses geopolíticos y geoestratégicos sobre esta región. De Rusia y China pudiera esperarse un punto de vista adverso a Colombia, que por razones obvias no sería definitivo.
Pero claro, para que esta opción funcione, se necesita que la diplomacia colombiana actúe con claridad, precisión y constancia. En ningún momento puede ser representada por los mismos sabios internacionalistas que desde antes de dar la lucha, tienen a flor de labio el argumento de la tradición legalista de Colombia y la necesidad de aceptar un fallo jurídico de la Corte de la Haya o de cualquier instancia internacional que infiltrada por los enemigos del país, quiera desarticular nuestra institucionalidad y tradición soberana.
Sin importar que el fallo en ciernes no se haya sustanciado en derecho, debido en parte a la negligencia e ineptitud de quienes representaron los intereses colombianos, ellos y sus amigos ahora buscan, no solo eludir la responsabilidad sino que el pueblo colombiano se una alrededor de sus ejecutorias, para que no pase nada y así puedan continuar disfrutando de las mieles del poder.
Por las anteriores razones, urge que en uso del legítimo derecho universal de la desobediencia civil contra decisiones judiciales arbitrarias e injustas, el pueblo colombiano en su conjunto, cuya voz colectiva es sinónimo de voluntad soberana, se declare en cabildo abierto pacífico pero firme y claro, para manifestar por escrito el desacato puntual de todos los componentes del reciente fallo de La Haya que en su parte resolutiva, cercenan parte del mar territorial de Colombia.
Es un reto para hombres y mujeres con conciencia patriótica, voluntad de acero y decisión a toda prueba, pues se trata de un suceso histórico, tan trascendental y definitivo para la soberanía e independencia nacionales, como fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819.
La mecánica es sencilla: Una entidad acopia en Bogotá todas las firmas recogidas a lo largo y ancho del país y en un acto público, entrega estos documentos al presidente de la república, al presidente del Congreso y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el mensaje preciso:
Esta es la voluntad del pueblo colombiano, por lo tanto la obligación de las tres ramas del poder público es cumplir este mandato popular. Sin temores ni vacilaciones mediocres. Ya lo dijo Gaitán: “El pueblo es superior a sus dirigentes”. Y en este caso específico, es absolutamente valedera esa afirmación.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos
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