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Ninguna corte internacional puede cambiar los límites de Colombia

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fallo salomonico la hayaEl coronel Luis Alberto Villamarín Pulido acaba de publicar la vigésima segunda obra de su autoría titulada ¿Fallo Salomónico? ó  ¿Piratería Jurídica?, adscrita a la colección geopolítica e historia de Colombia, en el cual analiza las consecuencias históricas, diplomáticas, geopolíticas, militares y comerciales, del cuestionado fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que dispuso el traspaso de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial colombiano a Nicaragua.

     Entrevistado en simultánea por diversos medios de comunicación hispanos de Estados Unidos, el coronel Villamarín describió los orígenes y alcances de esta decisión y la extensa dificultad que existe para que Colombia cumpla o acate esta sentencia.

    ¿Por qué el título Fallo Salomónico o Piratería Jurídica escrito en medio de signos de interrogación, como si se estuviera cuestionando la soberana decisión de la CIJ?

    El espurio fallo de la CIJ contra Colombia nació de un acto inmoral y una pretensión ilegítima de la dictadura sandinista, que en 1980 desconoció el Tratado Esguerra-Barcenas firmado en 1928 entre los gobiernos de Colombia y Nicaragua, en el cual inclusive Colombia regaló a Nicaragua la Costa Mosquitia. Esa conducta avarienta e inamistosa fue seguida por los presidentes Barrios, Alemán y Bolaños, pero sobre todo reiterada por Daniel Ortega, socio de Pablo Escobar y de las Farc.

    ¿Porqué afirma usted en la obra que la diplomacia colombiana ha sido inoperante?

     No solo inoperante, sino miope en asuntos de geopolítica. Por culpa del centralismo aristocrático en Bogotá, el credo de un círculo de familias que se creen dueñas hereditarias del poder y la ineptitud de los cuerpos diplomáticos colombianos acreditados en el exterior o atornillados en la Cancillería, Colombia ha perdido casi un millón de kilómetros cuadrados, ha sido débil e incoherente frente a la ambición nicaragüense y ha permitido que este país centroamericano agreda a los colombianos con apoyos a grupos armados y expropiaciones de la soberanía nacional.

      ¿En cuáles hechos sustenta estas afirmaciones?

    En 1893 asumió de facto el gobierno nicaragüense el dictador José Santos Zelaya, más o menos el Hugo Chávez de esa época. Grotesco, irrespetuoso, bocón y socio de las guerrillas colombianas, Santos Zelaya promovió la guerra civil en Colombia, auspicio la inestabilidad en Centroamérica y  propugnó por apropiarse de territorios de otros países. Durante su dictadura Nicaragua se apropió de la Costa Mosquitia y las Islas Mangle, que inclusive pocos años después, arrendaron a Estados Unidos con fines militares.

     ¿Y el soñado canal interoceánico nicaragüense incidió en estas decisiones de Zelaya contra Colombia?

     Obvio. Esa fue la razón principal de las baladronadas de la dictadura de Santos Zelaya y sucesivos gobiernos nicaragüenses contra Colombia. Tras la salida de Zelaya del poder, un canciller nicaragüense de apellido Chamorro hizo un pacto secreto con Estados Unidos para permitir la instalación de una base militar norteamericana en la Mosquitia, a cambio de que la gran potencia les reconociera soberanía sobre ese territorio que por derecho era colombiano.

     Luego de manera cínica y descarada, Chamorro afirmó que San Andrés y Providencia pertenecen a Nicaragua. De remate otro pintoresco canciller nicaragüense de apellido Utrecho, pidió por escrito a Estados Unidos que reconociera ese archipiélago a Nicaragua, y que su gobierno lo cedería a los yanquis para instalar bases militares en el Mar Caribe.

     ¿Entonces qué fue lo que solucionó el Tratado Esguerra-Bárcenas?

    El Tratado Esguerra-Bárcenas fue un vergonzoso acuerdo diplomático en el que de manera sumisa Colombia regaló la Costa Mosquitia, las Islas Mangle y una enorme porción de mar territorial a Nicaragua, a cambio que la piratería jurídica y diplomática de ese país reconociera la soberanía colombiana sobre San Andrés y el resto de las islas del archipiélago.

    Años después el dictador Anastasio Somoza, abrió licitaciones para explotar petróleo en mar territorial colombiano, rescindió un tratado de exclusividad perpetua con Estados Unidos para construir un canal paralelo al de Panamá, y revivió la idea del canal interoceánico nicaragüense retomada por los comunistas encabezados por el dictador Daniel Ortega tras la victoria sandinista en 1979.

     ¿Por qué Nicaragua demandó a Colombia en la CIJ?

     Por varias razones: Primero por el afán de cristalizar la pretendida soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Segundo, para  construir un canal interoceánico financiado por China, Rusia, Brasil y Venezuela. Tercero, para mermar el poder geopolítico y geoestratégico de Estados Unidos en la zona. Y cuarto para ayudar a la dictadura cubana en el plan estratégico de meter un gobierno comunista en Colombia afín al socialismo del siglo XXI.

     ¿Por qué perdió Colombia la demanda?

     Porque nunca ha debido aceptarla, porque el canciller Londoño nunca ha debido ir a La Haya. Porque en su estulticia funcional y ambición egocéntrica Andrés Pastrana pensó ser premio Nobel de Paz y accedió a ceder al soberanía nacional por un lado a las Farc y por otro a los comunistas del resto del continente; porque Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos con sus respectivos cancilleres y embajadores  no dieron la trascendencia necesaria al asunto, asesorados por abogados inferiores a Carlos Arguello, un habilidoso pirata jurídico nicaragüense que se hizo amigo de todas las instancias y personalidades encargadas de  formular ese fallo.

      ¿Explica usted en el libro que pudo haber pasado con este fallo al que denomina espurio?

    Claro que si. Hubo dos jueces chinos en el proceso. Chávez inyectó una multimillonaria suma de dinero para el lobby respectivo. Las Farc y Ortega tienen un acuerdo secreto al respecto. Los comunistas colombianos muy dados a calumniar a quien los desenmascara han guardado silencio cómplice. Colombianos  por la Paz, ONG muy dada a cuestionar todo lo que se trate de soberanía y seguridad nacional, no dice nada. El erosionado Congreso colombiano ha dejado atrás al asunto. La canciller Holguín sigue atornillada al cargo y Santos anda embelesado en búsqueda de la reelección y el Premio Nobel de Paz. Todo juega en contra de Colombia, no por capacidad ni por argumentación nicaragüense sino por la debilidad estructural del establecimiento colombiano. Por eso Nicaragua quiere ahora mas mar y de nuevo a San Andrés.

      ¿Debe acatar Colombia el fallo de la CIJ?

     No lo debe acatar. Y la solución es muy sencilla. En cabildo abierto el pueblo colombiano, soberano, libre e independiente sienta las respectivas actas sustentadas con millones de firmas y en acto público se las entrega al presidente de la república, al Congreso y a la Corte Suprema. Ninguna corte internacional puede cambiar los límites colombianos, cambiar nuestra constitución ni decidir el destino de nuestros suelo y recursos.

     ¿Y los responsables del fracaso o mejor del fiasco?

    Lo demás vendrá por añadidura.