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2020
En un mundo al revés, los militares que salvaron la república en una de sus más aciagas horas resultaron culpables, mientras que narcotraficantes y terroristas del M-19 terminaron sin implicaciones jurídicas y de ñapa, siendo senadores, gobernadores, alcaldes, y decanos de moral pública. Hace 35 años, el 6 de noviembre de 1985, criminales armados pertenecientes al M-19, ingresaron por asalto al Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, asesinaron a los vigilantes, secuestraron, ultimaron a tiros a los magistrados, e incendiaron los archivos judiciales, y pusieron al país en vilo. Los delincuentes hacían un mandado a los capos del cartel de Medellín para desaparecer los expedientes contra de Pablo Escobar y sus secuaces y de paso forzar al débil mandatario Belisario Betancur a que cediera ante todas las imposiciones terroristas Sin espacio de maniobra y sin carácter Belisario Betancur se convirtió en convidado de piedra y a en un cínico, al aseverar que su versión de los hechos solamente se conocería cuando falleciera. O sea, para él nunca funcionaron las leyes colombianas. Luego algunos ambiciosos familiares de las víctimas han buscado jugosas indemnizaciones, y para lograrlo, han buscado que se profieran condenas judiciales contra el Estado por estos hechos. Y han encontrado el muerto aguas arriba. Esa justicia politizada se dedicó a condenar militares por supuestos excesos en la retoma del palacio, en lugar de juzgar a Belisario Betancur, a su ministro de gobierno, a sus comisionados de paz incapaces de convencer a los terroristas del M-19 para que se desmovilizaran durante la época previa al asalto, en costosas e improductivas conversaciones de paz; a los bandidos del M-19 que sobrevivieron, a los congresistas que les hacían el juego, a los cómplices del narcoterrorismo comunista que desde hace más de cinco décadas conviven camuflados entre los demás colombianos, etc