Por coronel Luis Alberto Villamarin Pulido
Escritor-estratega
Publicado el 20 de Agosto 2007 10:05 PM en el Diario El Tiempo de Bogotá Colombia
Durante las dos últimas décadas han ocurrido varios sucesos, en los que algunos integrantes del Ejército resultaron vinculados al narcotráfico o a hechos conexos. Entre ellos se destacan los hasta ahora no esclarecidos combates de Guaitarilla y Jamundí, un ajuste de cuentas entre mafiosos en Barranquilla en el que el Gaula fue utilizado al servicio de los delincuentes, el escándalo de un comandante de batallón señalado de tener relaciones con las Auc en el Cesar, así como el reciente y actual alboroto, que tiende a involucrar a algunos oficiales en servicio activo con redes delictivas al servicio de los carteles del narcotráfico.
A la extrema gravedad de hechos que dan para especular que la sal se corrompió y desde luego, suministran herramientas para que los enemigos naturales de la institución despotriquen de ella, o para que los estrategas de escritorio pontifiquen acerca de lo divino y de lo humano en torno a la guerra interna, pero lo que es peor, para que la imagen de la institución que mas confianza genera a los colombianos, sea desdibujada y puesta en entredicho.
Para hallar una solución a este problema, es necesario ir a la fuente que lo origina y determinar con precisión las razones por las cuáles, militares de carrera integrados a una organización sólida y estructurada, con fundamentos claros en torno a las virtudes y la disciplina, han abandonado la lealtad a Colombia materializada en el juramento de fidelidad a la bandera, para caer en la tentación del dinero fácil y los delitos conexos.
El tema no es coyuntural. Es estructural. Es la sumatoria de varios componentes interconectados por un cordón umbilical, que identifican una crisis de valores y obligan a realizar un examen detallado para formular acciones correctivas inmediatas con planes a largo plazo, encaminados a evitar no solo la penetración de elementos indeseables, sino la descomposición institucional.
El primer ingrediente del problema, surge a partir de la promulgación de la Constitución de 1991. Desde entonces, se resquebrajó el fuero militar. El Ejército y en general las Fuerzas Militares y de Policía, se quedaron sin reglamento de Régimen Disciplinario y sin el apoyo de una Justicia Penal Militar sólida. Los comandantes de las unidades y reparticiones se quedaron sin herramientas para encauzar la disciplina, pues se acabaron las figuras del arresto severo, el arresto simple y las reprensiones, mediante las cuales se sancionaban faltas disciplinarias, se corregían comportamientos, y se fortalecían tanto la cohesión como el espíritu de cuerpo.
Así, quedaron sin piso legal los tribunales disciplinarios y los tribunales de honor, los cuales constituían herramientas valiosas para instruir sumarios, procesar y juzgar con brevedad, eficiencia y ejemplo, a quienes incurrieran en conductas ajenas a las normas disciplinarias, además que servían de referencia a la Justicia Penal Militar para instruir mejor sus investigaciones.
De manera inexplicable, ni los ministros de Defensa civiles, ni los comandantes generales de las Fuerzas Militares que han ocupado esos cargos desde 1991, han concretado la redacción de un decreto que defina los alcances del régimen disciplinario militar. Desde esa época, los comandantes de las unidades con facultad para encauzar la disciplina de los subordinados, se vieron avocados a realizar diversos tipos de acciones para restaurar la disciplina quebrantada. Primero a registrar en los folios de vida de los infractores, anotaciones de demérito asimiladas a sanciones disciplinarias “mientras se legislaba al respecto”. Pero ese “mientras” nunca llegó.
Luego las unidades militares recibieron directrices muy generales, que a “partir del momento” se aplicarían los procedimientos del código único disciplinario, concerniente a todos los funcionarios del Estado. A la par con esto, la Procuraduría asumió prevalencia en cualquier investigación disciplinaria, ya fuera por solicitud de los afectados o de oficio. De remate la Fiscalía inició a instruir procesos contra militares en servicio activo dejando en segundo plano a la Justicia Penal Militar, que tampoco hizo mayor esfuerzo por asumir su función o dirimir al más alto nivel, con acervo jurídico la colisión de competencias.
Una y otra situación, fueron acorralando el fuero militar, hasta dejarlo en nada, y a los comandantes de las tropas en medio de un limbo jurídico, lleno de formalismos legales y desgaste innecesario de recursos para juzgar a los infractores, entre otras cosas de normas que no estaban escritas, pues el anterior reglamento disciplinario quedó sin valor a partir de 1991.
Mientras esto ocurría, se fueron pensionando los antiguos jueces penales militares que tenían experiencia en el asunto, y con la llegada de los ministros civiles, los despachos de los juzgados de instrucción penal militar, se llenaron de “recomendados” colocados allí como cuota política. Igual que sucedió con el Hospital Militar, la Justicia Penal Militar perdió la identidad institucional y se convirtió en un ente burocrático de muy poca asesoría para los comandantes de tropas. Esto lo experimenté en Cali como comandante de batallón. Casi todos jueces penales militares eran cuota de un ministro o un general en servicio activo.
Para colmo de males, eludían la obligación de investigar, alegando que eso le correspondía a la Fiscalía, y encontraban el respaldo de un “descriteriado con iniciativa” como el general René Pedraza, que sin analizar el asunto, atacaba con sandeces al oficial que instauraba la denuncia, aduciendo “falta de mando” de quien pedía que se investigara un presunto hecho ilícito.
Así el comandante quedaba desautorizado y el subalterno encontraba asidero para buscar leguleyadas en su defensa. Inclusive uno de los jueces que conocí en Cali, hermano de un general, aconsejaba a los subalternos como instaurar tutelas y entorpecer la labor disciplinaria del comandante de la unidad táctica.
El segundo motivo, para que se haya producido la desnaturalización del Ejército y algunos de sus miembros hayan incurrido en aberrantes conductas dolosas, tiene que ver con la calidad humana en la incorporación de los cadetes a la Escuela Militar. Antes de que arreciara el conflicto interno en Colombia, la selección de los aspirantes a oficiales era muy rigurosa.
Antes de 1991, se exigía al alumno, que un oficial activo o retirado, de aquilatadas condiciones morales lo recomendara. Esto era positivo, pues se sabía la procedencia de cada quien. Pero ahora, con la igualdad de derechos constitucionales, cualquier persona que cumpla los requisitos formales puede ingresar a la carrera militar, sin que preexista una norma específica, que permita decantar la incorporación con base en los antecedentes morales o familiares, que a la larga pueden incidir en el desempeño profesional del futuro oficial.
Antes de 1991, no existían ni las tutelas, ni las dicotomías producidas por la ausencia del reglamento de régimen disciplinario. El cadete era el modelo del cumplido caballero. Su formación era estricta y ajustada a un código de valores reforzados a diario. En el ambiente de la Escuela circulaba el amor a Colombia y a la obtención de las cosas con sacrificio. No se pensaba en tener carros ostentosos, ni joyas, ni riquezas exageradas. Aunque este sistema prevalece en la formación integral del futuro oficial, la cantidad de incorporados y las amplitudes jurídicas legales, han cambiado los esquemas y las normas de convivencia. Fuera de eso la creciente dimensión del conflicto interno, ha incidido en cambios permanentes del sistema interno de la Escuela Militar.
Antes de 1991, para controlar mejor a cada quien, todo oficial y suboficial estaba obligado a presentar anualmente la copia de la declaración de renta. Se le prohibía pertenecer a organizaciones políticas, congregaciones religiosas o agrupaciones que no fueran las autorizadas por la institución. Los asuntos del servicio se trataban dentro de la institución y de acuerdo con los cánones del conducto regular.
Pero con la llegada de los ministros de Defensa civiles comenzaron a agrietarse esos principios. Hasta un evangélico converso en ejercicio de funciones religiosas ocupó el Comando del Ejército. Inclusive la ministra de Defensa tuvo la insensatez de sugerir que una mujer de los oficiales del cuerpo administrativo llegara a ser comandante de las Fuerzas Militares.
A falta de un reglamento de régimen disciplinario conciso, apareció la figura de la discresionalidad, que en la práctica se convirtió en un arma de doble filo, pues en aras de abreviar procesos investigativos, facilitó las “venganzas personales” por un lado o la impunidad por otro, ya que en lugar de investigar presumibles conductas punibles, se optó por sacar de la institución a personas con serios indicios de estar delinquiendo, o lo que es peor, a quienes son incómodos para un superior con poder.
En tercera instancia, incidió en que el Ejército quedara en el ojo del huracán, la cercanía de algunos oficiales y suboficiales en servicio activo con militares retirados de la institución por presuntos problemas penales, pero que fueron compañeros de promoción o de trabajo en alguna unidad de combate. Desde luego, muchos de estos militares retirados por mala conducta, se enrolaron a las Auc o a las redes de narcos, y gracias a esas amistades penetraron la institución.
No se puede descartar que también haya incidido como cuarto elemento en este complejo problema, la ausencia de liderazgo padecido por el Ejército durante el periodo 1998-2002, cuando los laxos generales Fernando Tapias y Jorge Mora ocuparon las más altas posiciones de comando, y ansiosos de conservar prebendas personales, permitieron al presidente Pastrana que jugara con el destino de Colombia y del Ejército.
No es fácil que un oficial subalterno comprometido en una guerra impía, exponga la vida y la de sus hombres en defensa de los colombianos, a la vez, pueda entender porqué el presidente de la república se entrevista y abraza como viejos amigos con el jefe de los terroristas que están destruyendo al país; que dos generales genuflexos permitan la entrega de la soberanía nacional a los delincuentes y la humillante cesión del puesto de mando de un batallón de infantería.
Pero además, que ese oficial vea, lea o escuche por los medios de comunicación que los directores y periodistas califican a los terroristas con el mote de insurgentes, y al mismo tiempo, generalizan cualquier incidente institucional. Sin duda el espíritu de cuerpo militar se resiente e inclusive llega a cuestionar, si vale la pena defender a una sociedad erosionada, untada de delito hasta la médula, con la circunstancia agravante que por componendas como las que he expuesto en escritos anteriores, se quedan en el camino los mejores oficiales, para que algunas cofradías se mantengan.
Ante la ausencia de liderazgo derivado de la carencia de objetivos nacionales ya expuestos, es obvio que el Ejército se ha quedado solo en la lucha, que los comandantes de las tropas no tienen las herramientas disciplinarias para prevenir las faltas que cometen los descarriados, que la laxitud jurídica no tiene cabida dentro de las instituciones militares, que la falta de claridad conduce a la desmotivación, y lo que es mas grave, que en medio de una sociedad descompuesta por el delito de la cual provienen los integrantes del Ejército, algunos de sus miembros pueden caer en la tentación del dinero fácil. Y de contera, los ministros de defensa ni conocen, ni se preocupan por atender este grave problema.
Como hacen de falta en el Ejército actual, generales-líderes de la talla de Fernando Landazábal Reyes, Alberto Ruiz Novoa o Bernardo Lema Henao. Hay un serio vacío de liderazgo y de definición de medios disciplinarios concretos, así como la precisión del fuero militar. Es imperioso, tomar medidas procedentes. De lo contrario el problema empeorará, pues quienes quieran enderezar el camino no van a tener las herramientas para hacerlo. Es algo que necesita acción inmediata.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos
Plainfield New Jersey- USA
www.luisvillamarin.co.nr
A la extrema gravedad de hechos que dan para especular que la sal se corrompió y desde luego, suministran herramientas para que los enemigos naturales de la institución despotriquen de ella, o para que los estrategas de escritorio pontifiquen acerca de lo divino y de lo humano en torno a la guerra interna, pero lo que es peor, para que la imagen de la institución que mas confianza genera a los colombianos, sea desdibujada y puesta en entredicho.
Para hallar una solución a este problema, es necesario ir a la fuente que lo origina y determinar con precisión las razones por las cuáles, militares de carrera integrados a una organización sólida y estructurada, con fundamentos claros en torno a las virtudes y la disciplina, han abandonado la lealtad a Colombia materializada en el juramento de fidelidad a la bandera, para caer en la tentación del dinero fácil y los delitos conexos.
El tema no es coyuntural. Es estructural. Es la sumatoria de varios componentes interconectados por un cordón umbilical, que identifican una crisis de valores y obligan a realizar un examen detallado para formular acciones correctivas inmediatas con planes a largo plazo, encaminados a evitar no solo la penetración de elementos indeseables, sino la descomposición institucional.
El primer ingrediente del problema, surge a partir de la promulgación de la Constitución de 1991. Desde entonces, se resquebrajó el fuero militar. El Ejército y en general las Fuerzas Militares y de Policía, se quedaron sin reglamento de Régimen Disciplinario y sin el apoyo de una Justicia Penal Militar sólida. Los comandantes de las unidades y reparticiones se quedaron sin herramientas para encauzar la disciplina, pues se acabaron las figuras del arresto severo, el arresto simple y las reprensiones, mediante las cuales se sancionaban faltas disciplinarias, se corregían comportamientos, y se fortalecían tanto la cohesión como el espíritu de cuerpo.
Así, quedaron sin piso legal los tribunales disciplinarios y los tribunales de honor, los cuales constituían herramientas valiosas para instruir sumarios, procesar y juzgar con brevedad, eficiencia y ejemplo, a quienes incurrieran en conductas ajenas a las normas disciplinarias, además que servían de referencia a la Justicia Penal Militar para instruir mejor sus investigaciones.
De manera inexplicable, ni los ministros de Defensa civiles, ni los comandantes generales de las Fuerzas Militares que han ocupado esos cargos desde 1991, han concretado la redacción de un decreto que defina los alcances del régimen disciplinario militar. Desde esa época, los comandantes de las unidades con facultad para encauzar la disciplina de los subordinados, se vieron avocados a realizar diversos tipos de acciones para restaurar la disciplina quebrantada. Primero a registrar en los folios de vida de los infractores, anotaciones de demérito asimiladas a sanciones disciplinarias “mientras se legislaba al respecto”. Pero ese “mientras” nunca llegó.
Luego las unidades militares recibieron directrices muy generales, que a “partir del momento” se aplicarían los procedimientos del código único disciplinario, concerniente a todos los funcionarios del Estado. A la par con esto, la Procuraduría asumió prevalencia en cualquier investigación disciplinaria, ya fuera por solicitud de los afectados o de oficio. De remate la Fiscalía inició a instruir procesos contra militares en servicio activo dejando en segundo plano a la Justicia Penal Militar, que tampoco hizo mayor esfuerzo por asumir su función o dirimir al más alto nivel, con acervo jurídico la colisión de competencias.
Una y otra situación, fueron acorralando el fuero militar, hasta dejarlo en nada, y a los comandantes de las tropas en medio de un limbo jurídico, lleno de formalismos legales y desgaste innecesario de recursos para juzgar a los infractores, entre otras cosas de normas que no estaban escritas, pues el anterior reglamento disciplinario quedó sin valor a partir de 1991.
Mientras esto ocurría, se fueron pensionando los antiguos jueces penales militares que tenían experiencia en el asunto, y con la llegada de los ministros civiles, los despachos de los juzgados de instrucción penal militar, se llenaron de “recomendados” colocados allí como cuota política. Igual que sucedió con el Hospital Militar, la Justicia Penal Militar perdió la identidad institucional y se convirtió en un ente burocrático de muy poca asesoría para los comandantes de tropas. Esto lo experimenté en Cali como comandante de batallón. Casi todos jueces penales militares eran cuota de un ministro o un general en servicio activo.
Para colmo de males, eludían la obligación de investigar, alegando que eso le correspondía a la Fiscalía, y encontraban el respaldo de un “descriteriado con iniciativa” como el general René Pedraza, que sin analizar el asunto, atacaba con sandeces al oficial que instauraba la denuncia, aduciendo “falta de mando” de quien pedía que se investigara un presunto hecho ilícito.
Así el comandante quedaba desautorizado y el subalterno encontraba asidero para buscar leguleyadas en su defensa. Inclusive uno de los jueces que conocí en Cali, hermano de un general, aconsejaba a los subalternos como instaurar tutelas y entorpecer la labor disciplinaria del comandante de la unidad táctica.
El segundo motivo, para que se haya producido la desnaturalización del Ejército y algunos de sus miembros hayan incurrido en aberrantes conductas dolosas, tiene que ver con la calidad humana en la incorporación de los cadetes a la Escuela Militar. Antes de que arreciara el conflicto interno en Colombia, la selección de los aspirantes a oficiales era muy rigurosa.
Antes de 1991, se exigía al alumno, que un oficial activo o retirado, de aquilatadas condiciones morales lo recomendara. Esto era positivo, pues se sabía la procedencia de cada quien. Pero ahora, con la igualdad de derechos constitucionales, cualquier persona que cumpla los requisitos formales puede ingresar a la carrera militar, sin que preexista una norma específica, que permita decantar la incorporación con base en los antecedentes morales o familiares, que a la larga pueden incidir en el desempeño profesional del futuro oficial.
Antes de 1991, no existían ni las tutelas, ni las dicotomías producidas por la ausencia del reglamento de régimen disciplinario. El cadete era el modelo del cumplido caballero. Su formación era estricta y ajustada a un código de valores reforzados a diario. En el ambiente de la Escuela circulaba el amor a Colombia y a la obtención de las cosas con sacrificio. No se pensaba en tener carros ostentosos, ni joyas, ni riquezas exageradas. Aunque este sistema prevalece en la formación integral del futuro oficial, la cantidad de incorporados y las amplitudes jurídicas legales, han cambiado los esquemas y las normas de convivencia. Fuera de eso la creciente dimensión del conflicto interno, ha incidido en cambios permanentes del sistema interno de la Escuela Militar.
Antes de 1991, para controlar mejor a cada quien, todo oficial y suboficial estaba obligado a presentar anualmente la copia de la declaración de renta. Se le prohibía pertenecer a organizaciones políticas, congregaciones religiosas o agrupaciones que no fueran las autorizadas por la institución. Los asuntos del servicio se trataban dentro de la institución y de acuerdo con los cánones del conducto regular.
Pero con la llegada de los ministros de Defensa civiles comenzaron a agrietarse esos principios. Hasta un evangélico converso en ejercicio de funciones religiosas ocupó el Comando del Ejército. Inclusive la ministra de Defensa tuvo la insensatez de sugerir que una mujer de los oficiales del cuerpo administrativo llegara a ser comandante de las Fuerzas Militares.
A falta de un reglamento de régimen disciplinario conciso, apareció la figura de la discresionalidad, que en la práctica se convirtió en un arma de doble filo, pues en aras de abreviar procesos investigativos, facilitó las “venganzas personales” por un lado o la impunidad por otro, ya que en lugar de investigar presumibles conductas punibles, se optó por sacar de la institución a personas con serios indicios de estar delinquiendo, o lo que es peor, a quienes son incómodos para un superior con poder.
En tercera instancia, incidió en que el Ejército quedara en el ojo del huracán, la cercanía de algunos oficiales y suboficiales en servicio activo con militares retirados de la institución por presuntos problemas penales, pero que fueron compañeros de promoción o de trabajo en alguna unidad de combate. Desde luego, muchos de estos militares retirados por mala conducta, se enrolaron a las Auc o a las redes de narcos, y gracias a esas amistades penetraron la institución.
No se puede descartar que también haya incidido como cuarto elemento en este complejo problema, la ausencia de liderazgo padecido por el Ejército durante el periodo 1998-2002, cuando los laxos generales Fernando Tapias y Jorge Mora ocuparon las más altas posiciones de comando, y ansiosos de conservar prebendas personales, permitieron al presidente Pastrana que jugara con el destino de Colombia y del Ejército.
No es fácil que un oficial subalterno comprometido en una guerra impía, exponga la vida y la de sus hombres en defensa de los colombianos, a la vez, pueda entender porqué el presidente de la república se entrevista y abraza como viejos amigos con el jefe de los terroristas que están destruyendo al país; que dos generales genuflexos permitan la entrega de la soberanía nacional a los delincuentes y la humillante cesión del puesto de mando de un batallón de infantería.
Pero además, que ese oficial vea, lea o escuche por los medios de comunicación que los directores y periodistas califican a los terroristas con el mote de insurgentes, y al mismo tiempo, generalizan cualquier incidente institucional. Sin duda el espíritu de cuerpo militar se resiente e inclusive llega a cuestionar, si vale la pena defender a una sociedad erosionada, untada de delito hasta la médula, con la circunstancia agravante que por componendas como las que he expuesto en escritos anteriores, se quedan en el camino los mejores oficiales, para que algunas cofradías se mantengan.
Ante la ausencia de liderazgo derivado de la carencia de objetivos nacionales ya expuestos, es obvio que el Ejército se ha quedado solo en la lucha, que los comandantes de las tropas no tienen las herramientas disciplinarias para prevenir las faltas que cometen los descarriados, que la laxitud jurídica no tiene cabida dentro de las instituciones militares, que la falta de claridad conduce a la desmotivación, y lo que es mas grave, que en medio de una sociedad descompuesta por el delito de la cual provienen los integrantes del Ejército, algunos de sus miembros pueden caer en la tentación del dinero fácil. Y de contera, los ministros de defensa ni conocen, ni se preocupan por atender este grave problema.
Como hacen de falta en el Ejército actual, generales-líderes de la talla de Fernando Landazábal Reyes, Alberto Ruiz Novoa o Bernardo Lema Henao. Hay un serio vacío de liderazgo y de definición de medios disciplinarios concretos, así como la precisión del fuero militar. Es imperioso, tomar medidas procedentes. De lo contrario el problema empeorará, pues quienes quieran enderezar el camino no van a tener las herramientas para hacerlo. Es algo que necesita acción inmediata.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos
Plainfield New Jersey- USA
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