Análisis del conflicto colombiano
Según oficio número 67269 MD-CGFM-CE-DIPER-TRAS, fechado el 24 de marzo de 2011 supuestamente firmado por el Brigadier General Fernando Cabrera Artunduaga con la presunta confirmación aprobatoria de cuatro firmas más, se informa a las unidades subordinadas del Comando del Ejército de Colombia, que al parecer durante el segundo semestre de 2011, la Fuerza no va a realizar los traslados de personal sino que quienes llevan dos años en las unidades deberán continuar como mínimo un año más en las áreas donde prestan los servicios, así como el probable retardo para ascender a algunos suboficiales.
La razón esgrimida en el mencionado oficio: El Ministerio de Hacienda recortó el 27.5% de los dineros requeridos por el Ejército para su funcionamiento, lo cual según consta en el mismo documento ha incidido: “en la desmantelación (sic) de algunos batallones y el estancamiento de los ascensos del personal de Suboficial (sic) en el año 2011”
De ser cierto el mensaje de ese documento, no solo es grave la pésima redacción del mismo, sino el contenido de su propósito. Una vez más los miembros del sacrificado Ejército Nacional serían el patito feo del presupuesto nacional. ¿Por qué no hay dinero para que el Ejército pueda pagar estos gastos, ni tampoco, para pagar la nivelación salarial de los militares ordenada por ley desde 1992?, en cambio si hay dinero para pagar las asqueantes componendas denunciadas en el Consejo de la Judicatura; esas si torcidas, siniestras y con evidente tinte de corruptela?... ¡No hay respuesta valedera!
¿Porqué a los funcionarios de los demás ministerios si se les nivelan los sueldos y se les pagan las compensaciones de ley? Respuesta: Porque ahí están los votos del futuro y las cuotas electorales de la pasada elección.
En contraste los militares además de poner muertos en sus filas, sacrificar el bienestar de sus familias y derramar sangre en defensa de la institucionalidad, no dan votos; aunque la cartera ministerial que debería represenatarlos, da la posibilidad para que los ministros de defensa de turno, hagan millonarios contratos, metan mas burocracia a las oficinas del CAN y los institutos descentralizados, y, proyecten sus futuros personales hasta como candidatos presidenciales.
Cualquier lego en el tema de la defensa nacional, no podría entender cómo es posible que quienes exponen a diario sus vidas en defensa de esta erosionada democracia con minúscula, ni siquiera reciban los medios o los servicios suficientes de bienestar mínimo, para poder combatir con facilidad el narcoterrorismo.
Mucho menos entendería que con un documento mal redactado, se justifique a la ligera decisión de suspender los necesarios traslados de personal, o los merecidos ascensos profesionales de los suboficiales, sin que haya nadie con mando y suficiente entereza de carácter para plantear las cosas en blanco y negro, al sinuoso ministro de defensa y el oportunista presidente Santos.
Que les haga caer en la cuenta, que mientras ellos dos están enfrascados en la lucha personal por las elecciones de 2014, a las que también aspira y busca Vargas Lleras; los soldados de todos los rangos son blancos de la ineptitud administrativa y la marcada deslealtad de Santos y Rivera.
Ya lo hemos dicho varias veces. Los militares colombianos no necesitan palmaditas en público y elogios zalameros al estilo de todos los presidentes desde siempre y sin excepción. Los soldados son seres humanos, que aunque lo duden los aspirantes presidenciales del 2014 con actuales cargos públicos, también tienen derechos establecidos en la Constitución y las leyes vigentes. El hecho que por norma legal no se puedan sindicalizar, no significa que no los tengan.
Señores Santos y Rivera: Para su información los mayores, capitanes, tenientes, sargentos y cabos que comandan las unidades de combate de contraterrorismo en Guaviare, Urabá, Magdalena Medio, Sumapaz, Cauca, Tolima, Meta, Putumayo, Antioquia, etc; también tienen familia.
Por la insuficiencia de casas fiscales, muchos de ellos tienen a sus esposas e hijos viviendo en inquilinatos; o en la casa de los familiares. No pueden pagar arriendos dignos porque el miserable sueldo que ganan no alcanza para eso. Si los hijos se enferman no tienen servicio digno ni atención adecuada en los dispensarios o el hospital militar, porque hace rato que la sanidad militar se reventó, sin que los sesudos ministros de defensa hayan dado una solución estratégica al problema, diferente a los sospechosos y millonarios contratos de distribución de medicamentos por medio de empresas particulares.
Tampoco hay colegios o escuelas de enseñanza que proporcionen auxilios educativos o becas a los hijos de quienes exponen la vida por sostener a la dirigencia política y su burocracia en altos cargos, con escoltas, celulares y vigilancia permanente pagada por los contribuyentes.
Las esposas de estos militares no tienen ni asesoría sicológica ni apoyo institucional para resolver los problemas psicológicos o sociales, que encaran los niños y los adolescentes en un país violento. Solas, estas heroínas educan a sus críos y los sacan adelante, porque muchas veces lo único que reciben de sus esposos, es un féretro con una bandera y una nota de estilo del Comandante del Ejército, que tampoco puede hacer más.
Repetimos, de ser cietro el mencionado documento, es injusto en grado sumo, que oficiales y suboficiales que llevan dos años combatiendo en unidades de operaciones permanentes, no tengan ni siquiera el derecho de ver a sus familias o de acompañar a sus hijos, por lo menos un año en la compleja labor de desarrollar la familia. Y más grave aún, que muchos de ellos no solo deban permanecer un año más en estas zonas, alejados de sus familias, exponiendo la vida, y de remate sin que se les pueda ascender, a pesar de haber cumplido todos los requisitos, porque el Ministerio de Hacienda redujo el presupuesto previsto para que el Estado reconozca a estos héroes lo que merecen por ley.
Por razones obvias los problemas se verán adelante, cuando los militares que sobrevivan a la guerra, a la ineptitud de los presidentes y ministros de turno y a la ojeriza de las organizaciones de izquierda que convierten a cada terrorista dado de baja en una víctima; ya retirados encararán dificultades de adaptación con la familia, limitaciones presupuestales para costear estudios universitarios de los hijos, y la sombra de la dificultad de vincularse a un entorno laboral que no admite mayores de 30 años.
Presidente Santos y Ministro Rivera: Aterricen. Bájense de la nube egocéntrica de sus vanidades futuras. Entiendan que el sueldo que derivan de sus cargos es para servir y no para ser servidos. Los militares que entregan hasta su vida para defenderlos, merecen un trato digno y el justo reconocimiento de los pagos previstos por la ley, así como su bienestar y en la medida de lo posible, las facilidades para que también edifiquen familia. Comprendan que no solo ustedes tienen derecho a disfrutar y educar a la familia. Los militares también tienen ese derecho. No atropellen más al Ejército. ¡Apóyenlo y dótenlo!.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos