Lo que la Corte Suprema no debería hacer en el caso de descalificación de Trump

Publicado: 2024-01-06   Clicks: 314

Capitolio de Estados Unidos. Solamente los congresistas pueden perdonar conducta de Trump en violentos hechos del 6 de enero de 2021

Traducido del original en inglés en The New York Times *

Por Gerard N. Magliocca

El señor Magliocca ha investigado exhaustivamente la Sección 3 de la 14ª Enmienda y es autor de dos artículos legales sobre la disposición.

Muchos estadounidenses están convencidos de que descalificar a Donald Trump de las elecciones primarias de Colorado es una idea terrible y quieren que la Corte Suprema Federal, que acordó el viernes abordar esta cuestión, encuentre una manera de permitir que el expresidente se presente.

Los partidarios de Trump están ansiosos por votar por él y argumentan que su exclusión de las elecciones sería antidemocrática. Algunos oponentes de Trump están igualmente ansiosos de verlo encarcelado, pero creen que sentaría un precedente más peligroso sacarlo de la contienda electoral.

Algo tangible que une a estas dos percepciones, es la falta de voluntad mutua, para pedir al Congreso que exima a Trump de la descalificación o admitir que quieren que reciba un trato especial.

A diferencia de otras disposiciones constitucionales, la Sección 3 de la 14ª Enmienda traza una clara línea entre el derecho y la política. La primera parte de la Sección 3 es un mandato legal sobre quién no puede ocupar un cargo, que se centra principalmente en la conducta individual y no requiere acción del Congreso.

Pero la segunda parte de la misma sección 3, estipula que “el Congreso podrá, mediante el voto de dos tercios de cada Cámara, eliminar” una inhabilitación por cualquier motivo.

Los redactores de la 14ª Enmienda deliberadamente otorgaron al Congreso (no al presidente ni a la Corte Suprema) el poder para otorgar una exención de la Sección 3 por motivos de política pública. La autoridad de amnistía de la que está investido el Congreso en casos puntuales de inhabilitación para ejercer el cargo presidencial, equivale al indulto potestativo al ejecutivo en casos penales, relacionados con interés de la justicia o del bien común.

Al revisar la apelación de Trump ante la decisión de la corte estatal de Colorado que lo inhabilita para que se pueda elegir como presidente de Estados Unidos, la Corte Suprema debería cumplir con su deber de “decir cuál es la ley” y resistirse ante llamados según los cuales, aplicar la 14ª Enmienda sería bueno o malo para el país.

Si el máximo tribunal penal estadounidense, concluye que la ley, leída imparcialmente, descalifica a Trump para volver a ocupar el cargo de presidente de la nación, entonces se debería confirmar el fallo de la Corte Suprema de Colorado.

Es sencillo y claro: La sección 3 impide implícitamente que el tribunal conceda una exención a un funcionario insurreccional por razones pragmáticas.

Entretanto, el Congreso estadounidense, puede ejercer su discreción para concederle amnistía a Trump y, a diferencia del tribunal federal, puede ser considerado democráticamente responsable ante los votantes, ya sea por concederle una exención de la Sección 3 o por negarse a actuar.

Después de la Guerra Civil de mediados del siglo XIX, a menudo el Congreso estadounidense hizo precisamente eso: ejerció autoridad para eliminar descalificaciones de ex confederados y, en casos difíciles, sopesó cuidadosamente si el interés nacional justificaba una exención.

A veces, esos debates giraron en torno a si otorgar amnistía a una persona particularmente notoria alentaría a los líderes locales a apoyar las políticas federales en el sur y reducir la violencia.

Otras veces los debates giraron en torno a temas más amplios, como si una segunda oportunidad para los insurrectos, debería ir acompañada de protecciones más sólidas de los derechos civiles de los afroamericanos.

La amnistía jugó un papel importante en la campaña presidencial de 1872, cuando los demócratas se postularon con la propuesta de amnistiar a todos los ex confederados y los republicanos, insistiendo en que el Congreso estadounidense debería seguir excluyendo a los peores infractores durante la sangrienta guerra civil.

Los debates sobre la amnistía se extendieron inclusive hasta la década de 1970, tras la guerra de Vietnam, un siglo después de la violenta guerra civil, finalmente el Congreso estadounidense, concedió el alivio de la Sección 3 a Robert E. Lee y Jefferson Davis, como gesto simbólico de unidad nacional

La mayor parte de los comentarios sobre la decisión de la Corte Suprema de Colorado se refieren a consecuencias de la descalificación de Trump y no a su conducta o las cuestiones legales básicas. Por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema de Colorado estuvieron de acuerdo con la conclusión del tribunal de primera instancia, de que Trump participó en una insurrección contra la Constitución. Igualmente, todos estuvieron en desacuerdo con la teoría de Donald Trump, según la cual, la presidencia está exenta de la Sección 3.

En esencia, muchos críticos del fallo de la corte estatal de Colorado tampoco cuestionan tales conclusiones legales. En cambio, dicen que la Sección 3 no debería aplicarse a Trump, porque su exclusión de las elecciones podría generar más violencia, socavar la fe en las instituciones o conducir a un círculo vicioso de descalificaciones partidistas.

Pero estas preocupaciones, son precisamente el tipo de argumentos políticos que el Congreso –y sólo el Congreso– puede considerar bajo su autoridad de exención.

Un ensayo reciente de Eric Segall, profesor de la Georgia State University College de Derecho, conecta los puntos y las razones por las que el Congreso debería conceder amnistía a Trump por su rol en la violencia en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Segall insta a los demócratas a unirse a los republicanos para aprobar esta legislación constitucional, ya que no hay otra manera de obtener los dos tercios de votos requeridos en cada cámara.

A pesar de que en cualquier momento, el Congreso puede otorgar a Trump una exención, Segall es el único que sigue el camino que establece la Sección 3. No hay ninguna legislación de amnistía pendiente en el Congreso, y no se ha visto a ningún otro escéptico sobre el apoyo a la descalificación de Trump, que le haya otorgado una dispensa formal del Congreso.

La amnistía está ausente de la conversación sobre la Sección 3, porque requeriría que los amigos y enemigos de Trump enfrentaran verdades incómodas. Los republicanos tendrían que admitir que su líder cometió un grave error constitucional y sólo podrán volver a ocupar el cargo si el Congreso le permite. Los demócratas tendrían que admitir que quieren que el expresidente obtenga un privilegio especial de la ley y tendrían que votar a favor de ese regalo.

Por lo visto, congresistas demócratas y republicanos, esperan que la Corte Suprema los rescate de ir al Congreso pisoteando el texto, la estructura y la historia de la Sección 3 y utilizando cualquier excusa legal para recurrir a su propia “sabiduría” o “sentido común” para darle a Trump una oportunidad. aprobar.

El Congreso es el juez exclusivo de la amnistía. Consideremos una analogía: puede haber excelentes razones para conceder un perdón federal a un criminal convicto. Pero la Corte Suprema no puede perdonar a nadie; sólo el presidente puede hacerlo. Al considerar argumentos basados en las consecuencias políticas, no en las conductas penales que se endilgan a Trump, el tribunal  federal estaría violando el lenguaje de la disposición y el principio de separación de poderes.

Lamentablemente, existe una larga tradición de negar el significado claro de la 14ª Enmienda, porque los ciudadanos estadounidenses creen que los resultados serían imprudentes. Esto, debido a que abogados y comentaristas distinguidos en su época persuadieron hace mucho tiempo a la Corte Suprema de que la Cláusula de Privilegios o Inmunidades en la Sección 1 de la enmienda no debe significar nada porque decir lo contrario “cambia radicalmente toda la teoría de las relaciones entre los gobiernos estatal y federal”. .

Destacados abogados y comentaristas también persuadieron a la Corte Suprema estadounidense, de que la Sección 5 de la enmienda no debe otorgar al Congreso el poder de promulgar leyes amplias de derechos civiles, porque decir lo contrario sería “absurdo”. Y convencieron al tribunal para que sostuviera que la Cláusula de Igualdad de Protección debe permitir la segregación racial porque decir lo contrario alteraría los “usos, costumbres y tradiciones establecidos del pueblo”.

Se equivocaron entonces. Y ahora se equivocan.

Quizás Donald Trump merezca la amnistía de la Sección 3. Talvez no. Pero la respuesta a esta pregunta debe venir de nuestros representantes electos en el Congreso. Fueron atacados el 6 de enero. Sólo ellos tienen derecho a perdonar.

*Traducción y adaptación al castellano de Luis Alberto Villamarín Pulido

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