Análisis del conflicto colombiano
Después del repudio e indignación nacionales que causaron las avarientas pretensiones de Ingrid Betancur, para que con los impuestos de los colombianos, el fisco nacional le pagara una multimillonaria indemnización, lo cual incidió en que Ingrid se retractara; la semana anterior los medios de comunicación, revivieron el tema de la codicia algunos dirigentes políticos que pretenden que Colombia les pague más de 30.000 millones de pesos como consecuencia de la supuesta responsabilidad del Estado en sus secuestros.
Olvidan los demandantes que ellos fueron secuestrados por hacer parte de la clase política corrupta e inepta que ha llevado el país a los niveles de desorden, ingobernabilidad y malos manejos presupuestarios en los órdenes nacional, regional y local.
Es pertinente recordar a los lectores y a los jueces y magistrados que en una entrevista de Jorge Botero a Alfonso Cano en torno al tema de los dirigentes políticos secuestrados, publicada en Lecturas Dominicales de El Tiempo, el jefe terrorista afirmó:
—Hay un tema que debemos discutir lo más pronto: quiénes son realmente los que llaman actores del conflicto. Por ejemplo, los políticos de este país, quienes han ejercido la administración, quienes han aprobado leyes, quienes dirigen las instituciones armadas, tengan uniforme o no lo tengan, ¿son o no son parte en esta guerra?—
—Quienes roban los dineros públicos, ¿son o no son parte directa? Y ahí está el caso de los diputados: ¡claro que están en el centro de la confrontación! Porque con su actividad, con sus aprobaciones, con sus acciones u omisiones, muchos de ellos han afectado no solamente el orden público en el Valle, sino el tesoro y la cosa pública—
Las anteriores consideraciones corroboran que corruptos y avivatos han desangrado y siguen desangrando las finanzas estatales, mientras la guerrilla, las bandas criminales, los mal llamados paramilitares y la delincuencia organizada desangran la población colombiana.
De remate a Luis Eladio Pérez se le ocurrió la politiquera idea, que más parece un mandado a las Farc a cambio de su liberación, dizque de demandar al presidente Uribe ante la Corte Internamericana de Derechos Humanos, porque no lo liberó a tiempo.
Olvida el señor Pérez que cuando las Farc lo secuestraron, lo tenían en la mira para que aclarara sus actuaciones como dirigente político en el Departamento de Nariño, pero que lo salvó del casi seguro fusilamiento, el secuestro de Ingrid con quien la pasó muy bien en cautiverio, pues por ella hasta a trompadas se lió con el teniente Malagón; cuando de blanco de un juicio revolucionario pasó a ser un canjeable.
Es cierto que todos los secuestrados por las Farc tienen la obligación y el derecho de denunciar penalmente a sus captores; y de pedir el pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.
Pero esas demandas y pedidos de reparación deben ir contra los secuestradores y no contra el Estado que hizo lo posible para liberarlos, sin permitir que su publicitaria liberación manipulada por los gobernantes comunistas de Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua, condujera a Colombia a la legitimación del terrorismo y el estatus de beligerancia que buscan el Foro de Sao Paulo, Colombianos por la paz y otros cómplices del grupo delictivo.
¿Habrán pensado esos “patrióticos” exsecuestrados en cuanto le costó a Colombia en vidas de soldados y policías muertos o heridos en las operaciones de búsqueda de las guaridas donde los tenían secuestrados?
O ¿Habrán pensado estos “patrióticos” dirigentes políticos, en los enormes costos económicos para el fisco nacional que valieron las horas de helicóptero, abastecimientos, salarios, pertrechos, etc, de las tropas que durante años intentaron rescatarlos?
¿Serán conscientes tan “patrióticos” dirigentes políticos, que hacerle el juego a los terroristas que los liberaron a cambio de que promovieran la legitimación de las Farc, solo contribuye a prolongar el desangre físico de la juventud colombiana en esa guerra insensata y de las finanzas públicas, en desmedro de la inversión social, que han debido hacer desde sus cargos para evitar que Colombia tuviera a las Farc?
¿Será que respecto a las frases de Cano que los retuvieron por corruptos, todos los demandantes de la multimillonaria indemnización, pueden “tirar la primera piedra” para desmentir al cabecilla de las Farc?... ¿Soportarían todos una prueba de polígrafo en torno a ese punto específico?
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos