Análisis del conflicto colombiano
La condena de 35 años de prisión contra el general Jesús Armando Arias Cabrales comandante de las tropas que salvaron la república y la institucionalidad durante las aciagas horas del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando una cuadrilla del grupo terrorista M-19 incursionó a sangre y fuego en el Palacio de Justicia y asesinó a sangre fría a varios rehenes, tiene fondos político, propagandístico de los comunistas y cínica actitud cómplice con los terroristas, que ahora son gobernadores, exministros, excandidatos presidenciales, exdiplomáticos, y hasta exasesores de altos funcionarios del Estado.
Resulta increíble que hoy sean juzgados y condenados quienes expusieron hasta sus vidas y las de sus soldados, para expulsar del Palacio de Justicia a los terroristas que por orden de Pablo Escobar pretendían desaparecer los expedientes con investigaciones contra los capos del cartel de Medellín y por extensión de los dirigentes políticos corruptos obedecían órdenes de este criminal.
Mientras tanto los verdaderos criminales, los terroristas que se mancharon las manos con sangre de campesinos, de obreros, de soldados, de policías y de magistrados en el Palacio, andan sueltos y se autodenominan moralistas. Y la “justicia injusta”, les cree sus fantasiosas versiones, mientras avala testigos falsos y condena a los militares, con pruebas torvas como lo ha resarcido mil veces el coronel Plazas Vega.
¿Cómo puede ser posible que el general Jesús Armando Arias Cabrales sea condenado hoy a 35 años, mientras que el terrorista Antonio Navarro Wolf sea Gobernador de Nariño y eventual aspirante a la presidencia en el 2014?
La respuesta es sencilla: Porque los funcionarios de instrucción que acopiaron el expediente creyeron en su totalidad los dudosos testimonios de un policía y un cabo que nunca entraron a diligencias judiciales en la Escuela de Caballería dentro de la investigación; pero según lo demuestra Plazas Vega, aparecen firmando esas piezas procesales. En contraste los funcionarios de instrucción mencionados, nunca aceptaron los documentos y pruebas de la defensa.
De remate el terrorista Navarro Wolf acomodó su versión de los hechos, pues según él estaba en México en recuperación de un atentado que le hicieron en Cali cuando era bandido, y que por ende no se enteró del plan para asaltar el Palacio de Justicia que tenían los máximos cabecillas del M-19. Curiosamente porque es la versión de un terrorista, esa si es creíble para la Justicia colombiana, pero la de los militares que lo combatieron no.
Si la Fiscal Buitrago y quienes años antes que ella cometieron la traición a Colombia de amnistiar a los terroristas del M-19 incluidos Petro, Parra Arias, Chalita, Vera Grave y los demás asesinos disfrazados de idealistas revolucionarios; hubieran investigado cómo funcionan los grupos terroristas, habrían esclarecido que Navarro Wolf tuvo que participar de la decisión de asaltar el Palacio de Justicia, porque para cualquier acción terrorista los grupos armados marxistas-leninistas piden el concepto de todos los cabecillas. No importa que estén enfermos o heridos, así preexista mayoría previa en la decisión de la acción criminal.
Eso infiere que Navarro si sabía y por lo menos es cómplice del planeamiento del holocausto, máxime que de por medio habían varios objetivos estratégicos en los que se requería de su concepto: 1. El M-19 había acordado con Pablo Escobar el pago de varios millones de dólares por el favor de desaparecer los expedientes. 2. El plan era secuestrar la Corte Suprema y obligar al débil, indeciso y laxo presidente Belisario Betancur a que se presentara en el Palacio de Justicia, para deponerlo y dar un golpe de estado revolucionario contra la institucionalidad 3. Los terroristas contaban con que el por siempre erosionado Congreso se acobardaría y abandonaría sus funciones 4. Con el Presidente de la República y toda la Corte Suprema de Justicia secuestrados, los terroristas convocarían una asamblea popular o un cabildo abierto y desatarían una guerra civil en la que buscaban que cada colombiano tomara partido.
Una decisión tan osada y trascendental no podía tomarse de la noche a la mañana ni a la ligera, ni sin el visto bueno de todos los cabecillas. Eso quiere decir que Navarro si sabía de este proyecto terrorista, pues el plan debió madurarse por lo menos durante dos años, hasta buscar el momento político oportuno, que era el declive de la marcada ingobernabilidad de Belisario.
Y las heridas de Navarro ocurrieron solo unos meses antes del asalto al Palacio de Justicia, cuando igual que las Farc los terroristas del M-19 urdieron una tregua para engañar a Colombia, mientras sus cuadrillas rurales y urbanas continuaban inmersas en terrorismo, narcotráfico, secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico de armas.
Pero además un plan tan audaz requería previsiones logísticas internacionales en Cuba y México para evacuar a los terroristas y secuestrados en caso de que algo fallara. Por esta razón es obvio que Navarro también sabía y probablemente, estaría coordinando en el exterior ese tipo de apoyos para los terroristas, lo cual incluía manejo de ingente sumas de dinero para preparar planes alternos.
La acción de las Fuerzas Militares no podía ser otra que repeler el ataque terrorista de quienes iniciaron la cruenta incursión asesinando a un humilde vigilante y a un agente de policía. Tampoco podían actuar con mesura frente a un grupo terrorista atrincherado con ametralladoras, fusiles y granadas en el cuarto piso de la edificación, dedicado a atacar con fuego nutrido de armas de infantería ligera y atentar contra las vidas de quienes intentaran rescatar a los secuestrados o sacar las víctimas del Palacio.
La conducta del M-19 fue de barbarie y de guerra. La celeridad de los luctuosos hechos obligó al general Arias Cabrales a cumplir su juramento de lealtad a la bandera, a Colombia y a la institucionalidad. No le quedó otra opción que utilizar las armas para someter a los terroristas.
El fallo lo acusa de desaparición forzada de 11 personas, en un momento que ese delito no estaba tipificado en la legislación colombiana y que las pruebas con que lo condenan están cuestionadas con la aparición de algunos de esos cadáveres en la facultad de Antropología de la Universidad Nacional.
Se usa como prueba para condenarlo la grabación de supuestas conversaciones entre el general Arias y sus subalternos, pero esta no es una prueba obtenida judicialmente sino con base en los cassettes que entregó un presunto radioaficionado. Curioso y extraño que un radioaficionado estuviera durante todo el tiempo grabando precisamente esas comunicaciones.
Pero así como se juzga de manera sesgada a los militares en cabeza del general Arias, lo cual es atípico e injusto, ¿porqué no se juzga a Belisario Betancur que era el presidente responsable de lo que sucediera o dejara de suceder allí?.. ¿Acaso el M-19 y los demás grupos terroristas como el Eln y la s Farc, que un cuarto siglo después siguen destruyendo a Colombia, no se fortalecieron durante el periodo 1982-1986 debido a la falta de carácter y miopía estratégica de Belisario, empecinado en ser Premio Nobel de paz a costa de sacrificar a Colombia?
¿Por qué no fueron investigados quienes eran los dirigentes políticos que cohonestaban con Pablo Escobar e igual que en el caso de la muerte de Galán, hasta le aconsejaron que la solución era hurtar los expedientes de la Corte Suprema de Justicia y desaparecerlos?
¿Por qué si los hechos del Palacio de Justicia son delitos de lesa humanidad, siguen sueltos y sin ninguna responsabilidad penal Navarro Wolf y los demás bandidos que en esa época integraban la agrupación narcoterrorista M-19? ¿Y por qué si se probó que Pablo Escobar los financió, no se juzgan por narcotráfico?
Respuesta sencilla a todas las preguntas: Por que los militares son fáciles de localizar, porque encarcelar altos oficiales fortalece imágenes políticas de oportunistas de turno, porque los comunistas siempre serán “victimas” así cometan los actos más atroces, porque la sociedad colombiana en su conjunto es indolente ante la realidad y los destinos de la patria, porque para la mayoría de dirigentes políticos nacionales y regionales, desde la época de la independencia hasta nuestros días, el Ejército ha sido visto como un mal necesario, etc.
Pero además queda por preguntar: ¿Dónde están la opinión o las reacciones de los gremios de la producción principales beneficiados con el sacrificio de las tropas? ¿Dónde están las organizaciones de la reserva activa de la Fuerza Pública que no se manifiestan con vehemente rechazo a esta afrenta contra el general Arias Cabrales y por extensión contra la institución armada?
¿Dónde está el presidente Santos que dice haber sido militar porque estuvo un año en la Escuela Naval? ¿Dónde está el abogado y militar de la reserva profesional Germán Vargas Lleras? ¿Dónde esté el ministro de Defensa que destituye generales para “mejorar la eficiencia de la Fuerza Pública” y pronuncia babosadas en el Congreso como que los militares ganan poco sueldo pero lo compensan con medallas, o lo que es peor que se ha prestado a la componenda de evitar el pago del IPC atrasado desde 1992 a los militares desde teniente coronel hasta cabo segundo?
Y por último: ¿Dónde está la “monolítica” cúpula militar encabezada por el estratega Almirante Cely y sus leales subalternos inmediatos, que según dijeron ante los medios de comunicación están más unidos que nunca? ¿Dónde está esa unidad monolítica?
Dejar solo al general Arias Cabrales en este momento aciago para su ya atribulada existencia, es abonar la primera cuota para que descriteriados o politizados o lo que es peor en presumible contubernio con los terroristas, fallen en contra de los militares todos los procesos en que se pretenda buscar “chivos expiatorios” para salvar a las bandas comunistas armadas de su responsabilidad política, jurídica e histórica en los actos de barbarie contra la especie humana.
Coronel Luis Alberto VillamarínPulido
Analista de asuntos estratégicos