Análisis del conflicto colombiano
La elección de Gustavo Petro, terrorista desmovilizado del M-19, como alcalde de Bogotá, es la más clara burla a la justicia y a la democracia en Colombia. Condenado por delitos atroces, Petro no podía, ni merecía ser la primera autoridad de los bogotanos, ni mucho menos ocupar el segundo cargo político más importante en el país.
Con un prontuario manchado de sangre y terror contra los colombianos, Petro es el responsable de la muerte del cabo Wilson López orgánico de la Escuela de Ingenieros Militares, quien ofrendó su vida, desactivando unos explosivos que Petro y otros bandoleros del M-19 dejaron como trampas mortales contra las tropas y la población civil, después de asaltar uno de los municipios de la Sabana de Bogotá en agosto de 1986.
Sin embargo, este crimen le fue perdonado al terrorista que después se volvió “buena persona” y hasta moralista, que juzga a otros politiqueros de su misma estirpe, es decir de aquellos que en forma paralela al narcoterrorismo comunista, han desangrado a Colombia, pero con el desvío de las finanzas públicas para sus bolsillos.
¿Qué pensarán la mamá, el papá y los hermanos del difunto cabo Wilson López? ¿Será esto justicia? ¿Merecerá gobernar a los bogotanos un terrorista con ese prontuario ? Estas y muchas preguntas más surgen de esta realidad.
Para rematar, Petro nombró en la Secretaria de Gobierno a Antonio Navarro, otro terrorista desmovilizado del M-19, responsable del holocausto del Palacio de Justicia junto con los demás bandidos que dirigían el grupo narcoterrorista.
Sin embargo , Navarro se ha salido por la tangente con la disculpa maniquea, que él estaba en México cuando ocurrió el asalto narcoterrorista al Palacio de Justicia, pese a que los hechos históricos demuestran, que toda el hampa que integra la cúpula de cualquier organización delictiva comunista, participa en las decisiones trascendentales, pues a eso los "camaradas" denominan “democracia interna”.
Lo contradictorio del asunto, es que estos dos terroristas desmovilizados ahora son autoridades con salarios pagados por la “burguesía” que ellos querían destruir , y son protegidos por los soldados y policías a cuyos antecesores, ellos asesinaron u ordenaron asesinar en cobardes emboscadas.
Valdría la pena que alguna organización política, democrática y con líderes honestos, inicie una campaña de revocatoria de mandato de estos personajes con oscuros antecedentes, pues no merecen esos cargos; ni los bogotanos tienen porque sostener con su dinero, a quienes quisieron destruir la ciudad y llenaron de zozobra y terror diferentes lugares de la geografía nacional. Aquí no vale el argumento de la tolerancia, el perdón o el olvido, porque los criminales deben pagar por sus hechos.
La única forma de perdonarles sus fechorías, es que purguen una condena y luego se arrepientan en público frente a sus víctimas y las indemnicen, sin tener derecho a ocupar cargos públicos como pasó con la mayoría de los terroristas desmovilizados salvadoreños del FMLN, impedidos de por vida para participar en política.
Los intentos populacheros de los dos personajes en ciernes, tienen como telón de fondo buscar el premio mayor, pues quieren en el futuro la presidencia de Colombia, a costa de engañifas a los electores y de utilizar para su propósito totalitario, los impuestos que pagan los bogotanos a quienes tanto odiaban, cuando empuñaban el fusil para asesinar la vida en primavera.
En los anuncios de que los estratos uno y dos no pagarán agua y que los “ricos” deben pagar un peaje por usar el carro particular, del cual en contraste están tributando por su uso los 365 días de impuestos distritales y nacionales, hay un evidente sesgo y la intencionalidad de promover la arcaica idea de la lucha de clases de pobres contra ricos. Y lo peor es que todo eso lo hacen con el dinero recaudado de los impuestos de los "odiados ricos", cuyo silencio es manifiesto, pues dentro de la lógica perversa comunista, es rico quien tenga un vehículo particular sin importar su marca y modelo.
Pero de otra parte, es inconcebible que hombres sin tacha moral como el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega, estén privados de la libertad por haber salvado la república en una de sus horas más aciagas, cuando los compinches de Petro y Navarro asaltaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia, asesinaron soldados policías, magistrados y civiles por doquier, y lo que es peor que este par de sujetos ahora sean quienes gobiernen la ciudad.
Y una perla más: En diciembre pasado, quienes meses antes engatusaron gentes humildes en los barrios de Suba en Bogotá, para que votaran por el “camarada” Petro como alcalde, también estuvieron repartiendo regalos de navidad entre los niños pobres, a nombre del movimiento político.
Ojalá que la Procuraduría investigue ¿quién financió la compra de esos regalos? ¿Sería con dineros de la Alcaldía de Bogotá? ¿Sería con dineros de la campaña de Petro? O ¿sería una donación del camarada bolivariano de Caracas?.
De remate, al camarada Petro se le ocurrió la genial idea de suprimir el porte de armas legítimas, como si él que actuó por muchos años como terrorista urbano y rural contra Colombia, no supiera que a los delincuentes les importa un comino la ley que regula el porte de armas, y que por el contrario, esta idea lanzada a la ligera, en lugar de conminar a los bandidos para regresar a la legalidad, los estimula para cometer más fechorías.
La solución al problema del tráfico de armas, la tienen la Policía Nacional, las aduanas, los guardacostas, las patrullas terrestres del Ejercito y la justicia imponiendo castigos ejemplarizantes para quien cometa estos delitos.
Para evitar crímenes cometidos con armas de fuego, no se debe utilizar el dinero de los contribuyentes “burgueses” para hacer politiquería y llevar la ciudad a la polarización entre pobres y ricos, ni promover de manera soterrada el tráfico de armas y el estímulo a los delincuentes para asesinar la vida en primavera o cometer mil fechorías contra los inermes ciudadanos, quienes con sus impuestos pagan los elevados salarios que hoy perciben dos cuestionados personajes, que hace unos años utilizaron el terrorismo y la violencia para destruir al país.
Por esas razones, es importante promover la revocatoria del mandato de Gustavo Petro alias comandante Aureliano cabecilla intermedio del grupo narcoterrroista M-19.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
www.luisvillamarin.com
Analista de Asuntos Estratégicos