Por coronel Luis Alberto Villamarin Pulido
Publicado el 19 de Julio 2007 9:25 PM en el Diario El Tiempo de Bogotá-Colombia.
Un examen analítico del lapso 1991-2007, periodo durante el cual han desfilado varios ministros civiles por la cartera de Defensa, pone al descubierto evidentes demostraciones de improductividad y ausencia total de una política de Estado, coherente, que sustente una estrategia nacional definida en los campos militar operativo y político, para resolver el problema de la violencia narcosubversiva.
Ha corrido mucha agua por debajo de los puentes desde la calenturienta difusión publicitaria presentada por el presidente Gaviria al nombrar a un funcionario civil sin liderazgo ni visión estratégica integral como Ministro de Defensa, hasta el discreto desempeño del actual precandidato presidencial y ministro de Defensa.
No hay un solo aspecto decisivo en la balanza estratégica del poder relativo de combate a favor del Estado colombiano durante estos 16 años. La razón es muy sencilla. A pesar de la existencia de documentos programáticos de las Farc y no obstante que el Ejército incautó las conclusiones de la séptima conferencia de las Farc, de la cual se desprenden los lineamientos generales de la actual estrategia subversiva, ni los presidentes de la república del periodo referido (los anteriores tampoco), ni los ministros de defensa civiles, se han tomado la molestia de sentarse a analizar y estudiar cual es la estrategia adversaria, cuales son sus objetivos y cuál debiera ser la respuesta del Estado, sin limitarse a lo reactivo, sin análisis previo o al empleo de la fuerza militar sin acciones sociales paralelas.
Pero claro que a la luz de los hechos, no se puede esperar más de personas sin formación atinente al arte de la guerra, las ciencias militares, y la defensa nacional. Son culpables por ignorancia más no por falta de voluntad. El pecado radica en aceptar el ejercicio de un cargo, el segundo más importante en Colombia, sin haberse capacitado para dirigir todos los procedimientos de Seguridad y Defensa Nacional.
Es imposible que un contador público, o una administradora de comercio exterior, o un abogado constitucionalista, o un ingeniero industrial, o un corredor de seguros, o políticos de oficio especializados en intrigas para copar posiciones burocráticas, estén preparados para ganar una guerra contra avezados estrategas revolucionarios. En síntesis, igual que sucede con los nombramientos de casi todos los embajadores, ocurre con la destinación de personas sin el perfil adecuado para dirigir la Defensa Nacional, conducir la estrategia integral y articular la política estatal con las operaciones militares. Y todo por la terquedad de no nombrar a un general en servicio activo o a un oficial retirado, dizque que por razones políticas.
No se entiende este punto de vista, pues da la sensación que los presidentes no confían en sus generales, o que estos no están tampoco preparados para asumir el cargo. Lo cierto es que antes de la llegada de los ministros civiles, el problema de la guerra interna estaba controlado y era mucho mas directa y eficiente la línea de comunicación entre el alto mando y las tropas. Quizás el problema comience a solucionarse cuando los presidentes de turno dejen de pensar en el qué dirán y gobiernen para Colombia.
El desconocimiento de los ministros de Defensa civiles acerca de su misión y de la interacción estratégica con las Fuerzas Militares, ha redundado en un cambio de comportamiento del ser militar dentro de las instituciones y a la vez en que cualquier perico de los palotes que ni siquiera prestó servicio militar, critique de manera despectiva las Fuerzas Militares y las ponga en la picota pública.
El fondo del asunto proviene del erróneo concepto de la por siempre acartonada dirigencia política, que han visto al Ejército como un mal necesario. Por esta razón, decenas de generales han sido despedidos de sus cargos, sin el más mínimo respeto ni reconocimiento por sus prolongados servicios a la nación.
De remate, dentro de las instituciones ha cundido la desmotivación, pues se pierden los alicientes para llegar al generalato y a la larga muchos oficiales podrían disminuir el interés profesional, frente a una guerra en la cual el adversario utiliza diversas estrategias y estratagemas, mientras que quienes los dirigen en el alto nivel, están mas ocupados en su imagen personal que en concebir y desarrollar la estrategia adecuada para ganar la guerra, máxime que a diario perecen oficiales, suboficiales y soldados en cruentos combates.
Pero por otro lado, a partir de la aprobación de la Constitución de 1991 y el inmediato nombramiento de un civil en la cartera de Defensa, las Fuerzas Militares se quedaron sin reglamento de Régimen Disciplinario, lo cual facilitó la infiltración de elementos indeseables, responsables de hechos punibles que han puesto en tela de juicio la idoneidad y honradez profesional de toda la institución, sin que ninguno de los ministros se haya dado por aludido.
En cualquier nación civilizada, hubieran renunciado por decoro. Pero todos han acudido al truco del general René Pedraza Peláez en Cali, quien por andar intrigando para ser Comandante del Ejército, destapó a la luz pública el bochornoso episodio de la guaca, condenó por anticipado a los soldados y de paso, coadyuvó a que el Ejército perdiera una compañía experimentada de contraguerrillas.
En otro escenario, la Justicia Penal Militar se convirtió en un fuero casi sin jurisdicción, pues poco a poco la fueron acorralando los politiqueros, dada la según sus detractores “ineficiencia”, sin tener en cuenta que a partir de la llegada de los ministros civiles, aumentaron los ingresos de “recomendados” por ellos, para ocupar cargos en juzgados penales militares, los institutos descentralizados y las oficinas ministeriales.
En medio de esa “renovación estratégica”, el servicio de sanidad militar se convirtió en un insuperable cuello de botella, la corrupción afectó al Hospital Militar y la capacidad operativa de los dispensarios se desbordó. La desaforada incorporación de soldados profesionales con derecho a servicios de sanidad militar para sus padres, hijos o compañeras permanentes, se salió del control. Cada vez es más difícil conseguir óptimos servicios en los establecimientos de sanidad. No por falta de voluntad para hacerlo, sino por insuficiencia física.
La implementación del decreto discrecional, cohonestado por todos los ministros de defensa civiles desde su aprobación, se convirtió en la truculenta herramienta utilizada por generales que abusan del poder para retirar del servicio activo a oficiales y suboficiales que no son de su agrado, sin importar la cualificación que conste en las respectivas hojas de vida de los afectados. Los generales Jorge Mora Rangel, Carlos Fracica, Rene Pedraza Peláez, se caracterizaron por utilizar esta norma legal, para “cobrar venganza” contra subalternos incómodos.
En un caso particular se envió la denuncia respectiva al ministro Gustavo Bell Lemus para que tomara las medidas del caso pertinente y su respuesta fue enviar la queja al general Mora para que el mismo se auto-investigara. Y eso que Bell es abogado. Ver para creer.
Otro aspecto negativo durante el ejercicio de los ministros de Defensa civiles, es el incremento de la capacidad ofensiva de la guerrilla y el desmesurado aumento de las autodefensas, hasta llegar al vergonzoso extremo de una aparente balcanización del país. Destrucciones de poblados, secuestros masivos, etc, son una prueba mas que la figura de los ministros de Defensa civiles ha sido ineficiente y por ende un fracaso en la búsqueda de la paz en Colombia.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos