Por coronel Luis Alberto Villamarin Pulido
Publicado el 17 de Mayo 2007 4:39 PM en el Diario El Tiempo de Bogotá-Colombia
Los cursos de pistoleo (sicariato comunista) ideados por Raúl Reyes para matar desertores, delatores, enemigos de clase, miembros de la fuerza pública, etc., constituyen una de las primeras etapas de la inmersión de las Farc en el terrorismo copiado del cartel de Medellín.
Después vino la masificación indiscriminada de ataques contra la población civil mediante el empleo de artefactos explosivos, sabotaje a la infraestructura petrolera, ardides con carros-bomba, minas quiebrapatas, cilindros, animales-bomba, etc., con el resbaladizo argumento que atacan la Fuerza Pública y producen algunos daños colaterales.
Además de estar convencidos que cada vez que el Estado colombiano ofrece la posibilidad de negociar acuerdos de paz, hay debilidad de la contraparte, los reiterativos ataques terroristas de las Farc, se sustentan en la “lógica” de la guerra revolucionaria:
—Toda acción armada que contribuya a causar pánico, terror y zozobra dentro del adversario, es válida en la guerra popular prolongada—
El punto crucial del asunto, es que mientras la llamada sociedad civil, desinformada por los medios de comunicación y sin un cordón umbilical que la ligue con los programas de gobierno, considera que el accionar subversivo armado de las guerrillas, se dirige contra las Fuerzas Militares y de manera colateral contra quienes resultan afectados, las Farc conciben el terrorismo y los demás medios de guerra revolucionaria o popular, como acciones legítimas del pueblo alzado en armas contra el binomio conformado por los dueños del poder político-económico, las fuerzas militares que protegen la para ellos anquilosada burguesía y los pobladores civiles que no son comunistas.
En ese orden de ideas quien no milita dentro de alguna estructura de las Farc, es potencial enemigo de clase de los intereses revolucionarios socialistas. Desde esa misma óptica, cada acción terrorista contra una población inerme, pretende la desmoralización de la fuerza militar enemiga y el simultáneo mensaje abierto a los moradores de la región, que ante el evidente vacío de autoridad estatal, las Farc ejercen cogobierno, tienen capacidad táctica para eliminar la resistencia armada del estado, para lo cuál realizan ataques audaces, instalan retenes, secuestran civiles y uniformados, estipulan normas colectivas de comportamiento social y hasta resuelven problemas internos de las familias.
Según el mono Jojoy:
—Cuando alguien se mete a las Fuerzas Armadas ingresa al poder real de este país. Los que defienden el poder político. Entonces eso hace que seamos enemigos de clase. Sí claro a uno le duele matar soldados de origen campesino. A nadie le gusta eliminar a otro ser humano. Pero estamos en una guerra y hay que entender eso—
Desde la óptica de las Farc influenciadas por la obsesiva personalidad de Tirofijo, las Farc son un ejército y todo ejército defiende una clase social.
En ese entorno, el habitante citadino es enemigo del proletariado campesino y a la vez causante de la miseria en el agro, pues el círculo vicioso de la persistente violencia, arrebata las tierras a los pobres, los conduce a engrosar los cinturones de miseria; mientras que el estado se limita a enviar las tropas y los bombarderos a atacar a los supuestos inermes campesinos, obligados a defenderse y a proteger las organizaciones armadas clandestinas.
Imbuido de esta “lógica” el integrante de las Farc, secuestra, asesina, intimida, roba, destruye poblaciones, mata a sus familiares, arrasa ganaderías y cultivos, amedrenta con artefactos explosivos como collares bomba, comercia coca, marihuana o amapola, instala retenes arbitrarios, y al mismo tiempo habla de paz en las manipuladas mesas de negociaciones.
Cada acción terrorista de las Farc lleva implícito un fondo político enmascarado de insurgencia. Mediante respuestas simplistas los guerrilleros explican a los campesinos que el asesinato de labriegos hace parte de la limpieza social del lumpen contra-revolucionario, pues lo único bueno es lo que sea revolucionario, e inclusive los justifican como los efectos de la guerra. De remate, las autodefensas ilegales utilizan argumentos similares, y el único perdedor es el habitante de la zona donde se escenifica el desangrante conflicto.
La destrucción despiadada de pequeños poblados, escudada en el argumento que atacan los cuarteles de policía o las bases de las autodefensas ilegales, hace parte de una línea de conducción estratégica global tendiente a debilitar la defensa de los municipios y caseríos alejados del poder político central, para acercar las fuerzas guerrilleras concentradas sobre las 30 ciudades determinadas como ejes del despliegue estratégico hacia la capital.
El velado propósito de estas acciones inmisericordes, es co-gobernar a sus anchas, imponer alcaldes y concejales, para manipular los presupuestos locales. Al mismo tiempo pretenden generar un clima de control coercitivo e intimidación, mediante la acción incisiva de las milicias bolivarianas y las redes internas de contrainteligencia, instaladas para detectar delatores o enemigos de clase, a la par con la construcción de los comités de defensa de la revolución.
El lineamiento básico de las Farc, es que la guerra de guerrillas y su espina dorsal el terrorismo ejecutados contra el establecimiento colombiano, son los componentes de una lucha del pueblo contra la oligarquía y el ejército que la protege. Quien no esté de acuerdo con estos planteamientos, está en contra de las Farc.
Por dichas razones, las Farc consideran que al atacar los epicentros que sustentan la economía nacional, sus estructuras atacan a los ricos y no a los pobres, quienes según la dialéctica marxista han sido y seguirán siendo pobres, a menos que se unan a la lucha y ayuden a construir el socialismo. Además parten del principio que tienen controlado el sector rural y solo les falta dominar las 30 ciudades donde es fuerte el estado.
Dentro de esa misma “lógica”, si destruyen un puente, los únicos afectados son los grandes propietarios de la tierra y el capital, que con sus dineros e impuestos, financian la guerra contra el pueblo, porque inclusive muchos de ellos apoyan a las autodefensas ilegales.
Cuando el general Harold Bedoya definió las guerrillas comunistas de las Farc con el calificativo de grupos narcoterroristas, llovieron ácidas críticas en su contra, argumentadas en que el oficial utilizaba vocabulario guerrerista, denigrante y desconocedor de la ideología política y razones sociales de la supuesta lucha guerrillera.
Pero los constantes hechos de violencia y el modus operandi de las Farc, demostraron que las guerrillas colombianas son narcoterroristas, porque conjugan la dimensión total de las palabras narcotráfico y terrorismo, en torno a su accionar delictivo.
En primer lugar porque con el beneplácito de los comisarios políticos, los miembros del Partido Comunista Clandestino y la indolencia de académicos, politólogos o periodistas ansiosos de la “chiva” que como idiotas útiles les hacen el juego, las estructuras de las Farc producen, trafican y comercializan sustancias alucinógenas.
En segundo lugar, porque las Farc cometen consuetudinarias acciones terroristas, verbigracia asaltos a poblaciones y destrucción de bienes civiles, imponen la ley del silencio mediante el terror, secuestran, asesinan, cometen masacres, extorsionan y atentan de mil formas contra la integridad y la libertad personales.
E inclusive, sobrepasan los límites de la barbarie, como cuando masacraron 34 “raspachines” en La Gabarra, envenenaron un acueducto municipal en el Huila como retaliación contra campesinos que no los apoyaban, torturaron soldados secuestrados que cayeron heridos en combate, aplicaron sustancias venenosas a la munición disparada contra el adversario y agregaron excrementos humanos a las cargas explosivas para que produzcan gangrena en las heridas de las víctimas.
En Vistahermosa Meta, la cuadrilla 27 de las Farc degolló a un menor de edad, después de torturarlo con el nudo guerrillero atado al cuello. Luego rellenaron el cadáver de explosivos, lo convirtieron en una bomba y lo enviaron como una trampa explosiva a una unidad militar cercana, con una nota en la que reconocían haber “ajusticiado” a un traidor.
Las trágicas muertes del reciclador Octavio Tabares, un anciano caleño humilde y trabajador, y su nieto Víctor Hugo conmovieron a Colombia. Durante sesenta años Octavio consiguió en Cali el sustento familiar, mediante el acarreo de materiales en una carretilla de tracción animal.
Durante el último recorrido de su vida, los dos recicladores fueron interceptados por desconocidos que les ofrecieron un buen pago (4.000 pesos colombianos, es decir menos de dos dólares), por el transporte de una carga. Octavio aceptó, gustoso el negocio, pues así comenzaría a completar el dinero que necesitaba Víctor Hugo, para pagar los servicios hospitalarios por el nacimiento de su primer hijo. Sin preguntar por el contenido del paquete, subió la carga a la carretilla.
Al cruzar frente a la sede del Servicio de Inteligencia Judicial (SIJÍN), con la ayuda de un control remoto, los desconocidos activaron la carga explosiva contenida en el paquete. Octavio y su nieto volaron en pedazos. No volverían a ver a su familia. Víctor Hugo no pudo pagar los gastos del hospital, ni conocer a su hijo recién nacido, quien crecerá huérfano muchos otros niños por cuenta de la lucha subversiva de las Farc, enfocada en “la reivindicación de los derechos de los más pobres”.
El episodio del collar-bomba colocado contra una campesina boyacense, que finalmente murió por explosión del mismo, genero repudio mundial contra las Farc, que gracias a la debilidad de carácter del presidente Andrés Pastrana, negaron ser los autores del horrendo crimen.
Esa es la lógica de las Farc frente al terrorismo.
Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Escritor-estratega
Analista de asuntos estratégicos