El esquema de Seguridad y Defensa Nacional exige replanteamientos urgentes

Publicado: 2011-04-26   Clicks: 6853

 

     Análisis del conflicto colombiano

     El irregular retiro del servicio activo del general Gustavo Matamoros, tras las revelaciones periodísticas de eventuales fisuras en la cúpula militar y un permanente ajetreo noticioso y especulativo en torno al tema, deja en evidencia problemas estructurales acumulados, que afectan el conjunto de la Seguridad y la Defensa Nacional, por falta de conocimiento técnico de sucesivos ministros de Defensa civiles, limitada formación estratégica de algunos mandos militares, altos índices de desinformación pública y ausencia de objetivos nacionales.

     Dentro de ese contexto saltan a la vista diez puntos claves, todos de suma gravedad y por ende de urgente solución, tales como: Inexistencia de una ley concreta e integral de defensa nacional; ausencia absoluta de objetivos nacionales; inexistencia del Servicio de Movilización y Control de Reservas; ausencia total de una estrategia integral de cooperación civil-militar; carencia de una estrategia de guerra sicológica; desconocimiento del Plan Estratégico de las Farc; eventual agresión militar del gobierno chavista; ni los militares conocen de política ni los civiles saben de defensa nacional; la Policía Nacional es una rueda suelta en la seguridad nacional; y, dudas acerca de la contratación y adquisición de equipo militar.

  1. Inexistencia de una ley concreta e integral de defensa nacional

     Pese a que desde su nacimiento como república independiente Colombia ha vivido en medio de guerras civiles, rebeliones, levantamientos armados partidistas, barbarie política, terrorismo comunista y narcoterrorismo; en ninguna de las etapas de la república ha habido una ley de defensa nacional proyectada en el tiempo y enfocada con visión estratégica integral, para pacificar los espíritus y evitar el inútil desangre.

    Por desgracia amplios sectores de la sociedad colombiana creen que la guerra del narcoterrorismo comunista contra Colombia es un problema de militares y guerrilleros. Y que la paz es un asunto del presidente con los jefes de los bandidos. Sin ley de defensa nacional que obligue a todos los mandatarios y congresistas a seguir una sola línea de comportamiento en este aspecto, Colombia ha escenificado amnistías, armisticios, desmovilizaciones parciales de guerrilleros, enfrentamientos militares, todos ellos matizados por la indolencia generalizada a nivel nacional.

    En ese ambiente de desinformación, el país ha soportado extensos periodos de Estado de Sitio, Estados de Excepción, Estatutos de Seguridad y otras medidas coactivas; en las cuáles el Ejército Nacional no solo ha puesto elevadas cuotas de sangre y sacrificio, sino que en reiteradas ocasiones ha salvado la república, es decir ha apagado las  hogueras de sangre y violencia desatadas, por el nunca saciado apetito voraz de los dirigentes políticos de turno.

    Para colmo de males, en 1991 el entonces presidente César Gaviria desenmadejó la insaciable voracidad politiquera característica de los gobernantes colombianos. Preocupado por que el Ministerio de Defensa era un filón para insertar mas burocracia y así devolver favores a los gamonales que le ayudaron a elegirlo, y que allí se maneja un abultado presupuesto, connotación especial para todo político colombiano; urdió la fantasiosa versión que los militares y policías necesitaban un ministro defensa civil  para que los representara en la vida política nacional.

     Poco tiempo después Gaviria y su impreparado ministro de Defensa Pardo Rueda, hicieron el ridículo y la vergüenza histórica para el país, al permitir con su ineptitud y desconocimiento de temas de seguridad, que el narcotraficante Pablo Escobar huyera de su auto confinamiento, en una imaginaria cárcel que parecía un hotel de cinco estrellas consentido por el gobierno nacional.

    De remate para los dirigentes políticos acostumbrados a usufructuar como reyes del erario público, el Ejército y las demás Fuerzas Militares han sido vistas como un mal necesario, o algo que debe existir para garantizarles su tranquilidad y riqueza, sin importarles si hay que agredirlos o manipularlos acorde a sus conveniencias políticas, como a manera de ejemplo sucedió con el actual Presidente Santos; que en su afán de llegar al poder, cuando era ministro de Defensa, se apropió de las exitosas operaciones militares Jaque y Fénix, pero escurrió la responsabilidad en las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

     Desde siempre la legislación colombiana en torno a la defensa nacional ha gravitado en la esfera política partidista y miopía de las conveniencias grupales del momento. La constitución de 1886 dio por primera vez sustento legal a las instituciones castrenses, pero las pasiones y odios banderizos sumieron al país en casi ocho décadas de sangrientos enfrentamientos armados propiciados por los directorios Liberal y Conservador, hasta que en 1964, el Ministerio de Guerra bajo el mando del General Alberto Ruiz Novoa erradicó este problema.

    No obstante el triunfo militar del Estado Colombiano contra las cuadrillas bipartidistas, el Partido Comunista Colombiano se lanzó a la toma del poder político por medio de la  combinación de todas las formas de lucha, en el preciso momento que el mando militar de la época encabezado por el general Revéiz Pizarro urdió una trama contra Ruiz Novoa, parecida a la de 2011 contra Matamoros Camacho; entonces el Ejército perdió la iniciativa operacional sumado a que ninguno de los gobiernos desde esa época hasta la fecha, ha formulado una ley de defensa nacional acorde con los retos del conflicto interno y la eventual agresión internacional.

    El punto crítico del tema es que en Colombia ni siquiera existe claridad de que es la defensa nacional, ni porque es necesario tenerla activa por agresión externa, conmoción interior o ataques sistemáticos contra la institucionalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.

    A esto se agrega que el Consejo Superior de la Defensa Nacional no se reúne, no dirige la política de Defensa, no todos quienes lo integran son expertos en la materia, y tampoco conoce los alcances del plan estratégico de las Farc, pues carece de información de inteligencia estratégica y de visión macro del problema.

 

      2. Ausencia absoluta de objetivos nacionales

    La ausencia de una ley orgánica y consistente de Defensa Nacional radica en que Colombia adolece de patriotismo colectivo por falta de objetivos nacionales. Nunca, ni ahora ni antes, los ministerios han tabajado en equipo con miras a unificar los objetivos finales, pues los planes de gobierno de turno han tenido tinte personal y no visión de Estado.

    A manera de ejemplo, la esquiva paz ha sido manejada no como un propósito nacional sino como una intención personal de cada cuatrienio. Los presidentes Andrés Pastrana y Belisario Betancur vieron la paz como la oportunidad egocéntrica, para proyectarse en escenarios internacionales, como el Permio Nobel de Paz o la Secretaría General de la ONU.

Igual sucede con la política de fronteras, la investigación científica, la cobertura educativa, los planes de vivienda, la infraestructura vial, la generación de empleos, o el fomento de las empresas, campo en el que ni siquiera el país ha desarrollado un renglón específico para posicionarse en el entorno hemisférico.

Una de las razones que explicaría la carencia de objetivos nacionales, es que ni las Fuerzas Militares, ni las universidades, ni los medios de comunicación tienen especialistas en Geopolítica y Geoestrategia. Al no haber especialistas tampoco hay escuelas formales, ni mucho menos doctrina que incentive entre los colombianos desde la juventud la importancia y el valor geopolítico de cada una de las cinco regiones naturales en que se divide el país. Y esto hace círculo vicioso con la falta de patriotismo.

Sin pensamiento geopolítico, tampoco se puede entender ni desarrollar el potencial agropecuario de la región andina, o el potencial turístico y pesquero del Caribe y el Pacífico; etc.  Ni se pueden diseñar los programas educativos técnicos y universitarios hacia los cuáles se debe enfatizar  la capacitación integral de los estudiantes, atados a los objetivos del desarrollo nacional.

El servicio militar obligatorio es considerado por los estratos cuatro, cinco y seis, no como el aporte individual a la defensa nacional y el fortalecimiento de la institucionalidad, sino como una pérdida de tiempo. Si por fuerza de las circunstancias, algún joven de estrato alto es incorporado al servicio bajo banderas, sus familiares buscan intrigas políticas para que no vaya al combate o para que sea llevado a la Península del Sinaí como traductor, para que de alguna manera paseé con los recursos del erario nacional.

La mayoría de los colombianos de estratos cinco y seis creen que la guerra contra el narcoterrorismo comunista, que atenta contra sus propiedades y privilegios, debe ser combatida por los estratos uno, dos y tres. No es un problema que les atañe a los dueños del poder, pues además son muy escasos los presidentes, gobernadores, ministros o embajadores, que han tenido alguna vinculación con las Fuerzas Militares.

 

            3. Inexistencia del Servicio de Movilización y Control de Reservas

     Llama la atención que desde hace cinco décadas Colombia enfrenta una guerra declarada por el narcoterrorismo comunista contra la institucionalidad y el orden vigente, pero en contraste el país no se ha movilizado como tal, para derrotar a los agresores y pacificar el territorio nacional.

    Colombia no se ha movilizado por dos razones básicas. Primero porque son muy pocos los colombianos incluidos los altos oficiales de  las tres  Fuerzas Militares, que han estudiado el tema de la movilización para la Defensa Nacional. Y segundo, porque existe el servicio de reclutamiento que incorpora jóvenes a las filas militares y define la situación militar de los otros, pero no hay una entidad que sistematice los datos de los reservistas, los organice en unidades de reserva o los clasifique por especialidades.

    Mucho menos hay alguna institución oficial que tenga a la mano el control sistematizado de  datos cruciales para activar la seguridad nacional, verbigracia cupos hospitalarios, médicos y paramédicos disponibles, empresas de producción de vestuario y alimentos, industrias metalúrgicas,  estadísticas de equipos de comunicaciones en manos de particulares, hombres y mujeres en edad militar aptos para el servicio, etc.

    La prolongada guerra contra el narcoterrorismo comunista y la desacertada concepción político-estratégica como ha sido conducida, ha impedido que en las escuelas de capacitación y en las unidades operativas, se desarrollen juegos de guerra para movilizar tropas hacia los teatros de operaciones de acuerdo con las hipótesis de agresión externa contra el país.

     Y como no hay servicio de movilización estructurado tampoco hay proyección estratégica en el apoyo y la previsión logística, asunto trascendental y definitivo para las operaciones militares. A duras penas hay una previsión aproximada e inexacta para las dotaciones actuales de las tropas, que por siempre han sido insuficientes, verbigracia el limitado servicio de sanidad militar que ni siquiera es óptimo para los heridos en combate.

    Esto ha incidido en que la calidad humana  y profesional de oficiales y suboficiales haya disminuido, pues muchas personas con altos coeficientes intelectuales y habilidades para el ejercicio del mando, que pudieran ser brillantes comandantes de tropas, no tienen acceso a la carrera de las armas.

     Además ha influido en la incorporación de soldados con problemas sociales y sicológicos graves, que más adelante reflejan actuaciones irregulares de algunas tropas. Y esto forma círculo vicioso con el  complejo manejo de personal, que no ubica a los cuadros de mando dentro de sus especialidades o no acierta en las políticas a largo plazo para los reemplazos y destinaciones, o lo que es básico el bienestar familiar de los uniformados.

 

    4. Ausencia total de una estrategia integral de cooperación civil-militar

    Pese a que la doctrina internacional de la guerra revolucionaria y contrarevolucionaria ahora definida dentro del criterio de asimétrica, contempla en los manuales de operaciones en teatros irregulares, ganar el apoyo de la población civil, esta premisa sigue en pañales frente a la realidad del conflicto colombiano.

     La explicación es sencilla. Las autoridades regionales y municipales no identifican el problema estructural del narcoterrorismo comunista como algo propio, sino que de manera irresponsable y facilista, lo trasladan al gobierno central con el argumento que ellos no tienen recursos para ayudar a la pacificación de los espíritus, pese a que los terroristas son oriundos de sus municipios y departamentos y a que las cuadrillas se desarrollan en sus regiones, con énfasis donde la corrupción entronizada, ha impedido la llegada del desarrollo socioeconómico integral.

    Pese a que van 50 años de guerra contra las Farc, el Eln, el Epl y otros bandidos, ni el gobierno nacional, ni el ministerio de defensa, ni ninguno de los demás ministerios involucrados en el problema han generado una estrategia integral de cooperación civil-militar, en la que de la mano de los soldados, los dirigentes regionales y locales integren las comunidades al desarrollo nacional, al concepto del patriotismo y a los criterios estructurales de la defensa nacional.

    Por el contrario en los años sesenta la acción cívico-militar fortalecida con el Plan Lazo para pacificar el país, fue vista por los dirigentes políticos como una forma peligrosa de la presencia militar en la sociedad, por la supuesta eventualidad de un golpe de Estado, no porque suprimiera las libertades civiles, sino porque quitaba las prebendas de siempre, a los partidos liberal y conservador.

    Con el paso del tiempo y el desarrollo de los grupos terroristas, los alcaldes y gobernadores dejaron a un lado la acción cívico-militar que sólo es desarrollada por  los militares de manera localizada, sin que corresponda a un plan estratégico ni a una programación sostenida. Así el gobierno nacional y las Fuerzas Militares han perdido la oportunidad de conseguir el apoyo solidario y decidido de la población civil y desde luego de impedir que los terroristas convenzan mas incautos para enrolarlos a sus cuadrillas.

 

     5. Carencia de una estrategia de guerra política

    Así como no hay estrategia concreta de cooperación cívico-militar, tampoco hay un plan articulado de acción sicológica dentro y fuera del país para que el mundo entero conozca las barbaridades que cometen los narcoterroristas.

    Prueba de ello es que Colombianos por la Paz, el Foro de Sao Paulo, los gobiernos proterroristas de la región y los partidos comunistas del continente, amangualados con una serie de organizaciones no gubernamentales izquierdistas financiadas por el gobierno venezolano, buscan en todos los escenarios posibles la legitimación de las Farc y la posibilidad que estos delincuentes lleguen al poder en Colombia.

    O por las armas o por medio de artilugios políticos; sin que la respuesta del gobierno colombiano sea proporcional a la agresión. Por el contrario, cónsules y embajadores se limitan a vivir de las mieles del exilio dorado de la diplomacia, sin hacer lo más mínimo por contrarrestar la presencia mediática internacional de las Farc.

    Los computadores incautados al terrorista Raúl Reyes en el campamento que tenían las Farc en Ecuador con la anuencia del presidente Rafael Correa, dejaron al descubierto una inteligente y audaz estrategia integral de guerra política y sicológica de la izquierda internacional, mediante un sistemático complot contra Colombia.

    Pese a tener este tesoro informativo sumado a decenas de computadores incautados a los terroristas, el gobierno nacional ha dado torpe manejo a la información encontrada, hasta el extremo que no hay denuncias ante Cortes Internacionales contra los gobernantes proterroristas complotados con las Farc. Ni siquiera las Fuerzas Militares que combaten contra los terroristas conocen los contenidos de estos computadores y las memorias electrónicas incautadas.

    Igual situación ocurre con miles de desertores y capturados de las Farc y el Eln, cuyos testimonios no son empelados en forma adecuada para judicializar a los cabecillas o para producir documentos escritos, electrónicos o audiovisuales para invitar los demás terroristas a la deserción, reducir la propaganda comunista que induce los jóvenes a enguerrillarse.

     Otros temas como el reclutamiento de menores, las barbaridades contra la mujer en la guerrilla, los secuestros de civiles y militares, actos terroristas sistemáticos contra la población civil, el narcotráfico, etc; no son explotados en la debida dimensión, porque existe el erróneo concepto que el asunto ya fue publicado por un medio de comunicación y eso ya es suficiente.

    La propaganda institucional contra el narcoterrorismo es elaborada sin criterios científicos y sin el concepto macro de campañas. Por lo general son temas aislados e independientes sin conexión con otros trabajos, o con temas generalizados que no corresponden a las características regionales o locales de cada cuadrilla.

    El trabajo de las emisoras institucionales no corresponde a una dirección estratégica o un plan estructural, sino a condiciones particulares de cada estación, lo cual indica que tampoco se articula a un plan general.

    Ninguna de las publicaciones militares obedece a una línea editorial o a un plan a largo plazo para fortalecer la formación profesional de los cuadros de mando. Son documentos circunstanciales sin conexión con el anterior y sin el propósito para el que fueron creados.

    A esto se suma que no hay escritores militares, ni historiadores militares ni estímulos para que algunos oficiales o suboficiales, se dediquen a investigar y escribir para la historia el rico contenido de la guerra contra el narcoterrorismo, o a actualizar los manuales, o a trabajar en la campaña de guerra mediática que necesita Colombia para contrarrestar la acción integral de las Farc y sus cómplices.

 

      6. Desconocimiento del Plan Estratégico de las Farc

     Con excepción de los especialistas del blanco Farc en inteligencia militar, son muy pocos los militares y civiles que conocen el Plan Estratégico de las Farc y sus alcances. Sin excepción todos los ministros de defensa civiles desde 1991 hasta la fecha, han pasado por el cargo sin conocer este plan. Los medios de comunicación tampoco lo conocen pese a que todos los días reportan sucesos relacionados con el conflicto. Y en las universidades no se ha dado la debida trascendencia a este tema.

    La llamada sociedad civil está desinformada al respecto: Sin fundamentación patriótica y sin información adecuada y básica de la defensa nacional, de la importancia geopolítica de las regiones afectadas por la agresión narcoterrorista, sin comprender la dimensión de los daños a la economía y al ecosistema que causan las guerrillas comunistas.

    El desconocimiento del Plan Estratégico de las Farc se materializa en la inexistencia de un plan integral que vincule a todos los ministerios, gobernaciones y alcaldías en la necesidad de ganar la guerra para conquistar la paz. Desde mediados de la década de los sesenta las operaciones militares sin apoyo de los otros elementos del poder nacional, se han desarrollado con visión limitada de exterminar las cuadrillas de bandoleros sin acompañamiento de planes de desarrollo socioeconómico.

    De contera las operaciones militares se han concentrado en destruir cuadrillas pero no a contrarrestar el plan estratégico de las Farc, ni su cadena interna de sucesión interna, diciente error político-estratégico que infiere  carencia de concepción estratégica de la guerra y desconocimiento de los proyectos del enemigo.

    Por esta singular razón tampoco se ha podido ganar la guerra.

 

       7. Eventual agresión militar del gobierno chavista

     Desde antes de posesionarse como presidente de Venezuela, Hugo Chávez ha exteriorizado su filiación comunista, su subordinación a la dictadura cubana, su identidad político-ideológica con las Farc y su inocultable deseo de atacar a Colombia para “recuperar” los terrenos de Arauca y Guajira que hacían parte de la antigua Capitanía General de Venezuela, asunto que está incluido en la constitución venezolana y que implica que el problema entre los dos países no se resuelve solamente con la salida del lenguaraz mandatario Chávez del palacio de gobierno en Caracas.

     Los computadores de Raúl Reyes destaparon la realidad de algo que era un secreto a voces. Chávez estaba comprometido con las Farc a entregar 300 millones de dólares para que se armaran y lanzaran la ofensiva final contra Colombia apoyadas por las Fuerzas militares de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, como parte integral del Plan Guaicapuro, cohonestado por Unasur y el Foro de Sao Paulo.

    No obstante la gravedad del asunto, ni el gobierno nacional, ni el ministerio de Defensa, ni las Fuerzas Militares han dado la debida importancia al problema, pues persiste el convencimiento que Chávez es hablador e incapaz de llevar a la práctica sus amenazas, no obstante que sigue comprando armamento pesado a Rusia, inició la carrera atómica, desafía a Estados Unidos en todos los escenarios, se alía con gobiernos proterroristas del Medio Oriente y está empeñado en desarrollar la estrategia comunista anticapitalista de “generar mil Vietnams en mil partes”.

    Si Colombia no estructura un plan defensivo con capacidad de disuasión representada en armas de maniobra, apoyo aéreo, artillería antiaérea y fuerza de cobertura navales, Chávez se creerá con patente de corso para atacar a Colombia y lo podrá hacer para despertar nacionalismo, el día que vea en riesgo la continuidad de su mandato y la inevitable reversa de su embeleco comunista en un mundo globalizado.

    Además Colombia no puede confiar en que Estados Unidos actuaría en su defensa o apoyo, porque además de la multiplicidad de problemas internacionales que encaran las fuerzas militares estadounidenses, los cables de Wikileaks demostraron que en este caso se impondría otra vez el conocido pragmatismo gringo de no tener amigos sino de utilizar a todo quien puedan para cristalizar proyectos geoestratégicos.

 

       8. Ni los militares conocen de política ni los civiles saben de defensa nacional

     Ese desconocimiento mutuo incide en que la cultura de defensa nacional sea nula o inexistente, además de inadmisibles prevenciones mutuas, fundamentadas en el convencimiento compartido del escaso patriotismo civil y el credo generalizado   de la insuficiente preparación académica de los uniformados.

     En medio de esa prevención mutua pierde Colombia, pues los criterios geopolíticos básicos y la doctrina de seguridad nacional quedan relegados a segundo plano, en un país de tendencia antimilitarista.

    Por esa misma razón los presupuestos son bloqueados, no funciona el servicio de movilización, no hay políticas concretas para contrarrestar las amenazas y agresiones actuales y potenciales o las interferencias sustanciales a la seguridad nacional.

    No hay un solo graduado del Curso de Información de Defensa Nacional (Cidenal) de la Escuela Superior de Guerra que desarrolle actividades tendientes a fortalecer las relaciones civiles-militares en este nivel para robustecer la seguridad nacional.

    Por el contrario este paso por las aulas universitarias militares de postgrado, solo ha servido como un referente más de cultura personal de los agraciados o como un valor agregado para su hoja de vida.

   Por su parte los militares no estudian ciencias políticas, ni por la dinámica de la guerra tienen tiempo o posibilidad para asistir a más cursos, maestrías, postgrados o doctorados en ciencias militares, sociales o políticas; limitados solo a lo que estudian en los cursos de ascenso o lo que pueda leer cada quien por su propia cuenta.

    Eso implica que los militares colombianos no conocen los vericuetos de la política regional, tienen vaga información acerca de los fenómenos geopolíticos y geoestratégicos hemisféricos o globales y por lo general están aislados del mundo académico, social y político que al final maneja los asuntos de seguridad nacional sin conocer de ellos.

 

     9. La Policía Nacional opera como  una rueda suelta en la seguridad nacional

     El caso de la Policía Nacional colombiana es sui generis. Es una fuerza armada civil que en contraste con su función de seguridad ciudadana y convivencia con la comunidad, también  desarrolla operaciones militares, porta armas de guerra, pero se rehúsa a militarizarse o someterse al comando y control de la unidad militar de su jurisdicción, tiene fuero militar y en asuntos penales internos se guía por la Justicia Penal Militar.

     Su función primordial es la seguridad civil, pero por tener miles de agentes comprometidos en control de tránsito, policías de carreteras, turismo, aduanas, Instituto Penitenciario de Colombia (Inpec), concejo distrital gobernaciones, congreso de la república, ministerios, etc; ha abandonado su misión y ha permitido que la delincuencia crezca en contraste con las cifras oficiales que presentan.

    Por ausencia de una ley clara y precisa de Defensa y Seguridad nacional, el Director de la Policía está al mismo nivel del Comandante de las Fuerzas Militares, situación errónea pues lo coloca por encima del Ejército, La Fuerza Aérea y la Armada.

    Por iniciativa de  algunos oficiales activos y retirados se ha sugerido pasar la Policía Nacional al Ministerio del Interior e inclusive algunos más osados han planteado crear el Ministerio de Seguridad Interior dirigido por la Policía que cooptaría el Das, el Inpec y la vigilancia privada.

    A esto se suma con negativa incidencia que desde la firma del Plan Colombia la Policía nacional no solo se convirtió en el principal receptor de la ayuda estadounidense en la lucha contra las drogas, sino en la Fuerza privilegiada con la información de inteligencia técnica que ha facilitado los golpes más contundentes contra los cabecillas de las Farc, con la circunstancia agravante que este proceder ha generado prevenciones interinstitucionales, inconvenientes para el país.

    Urge resolver este problema, determinar la naturaleza militar o no de la policía nacional, o separar los cuerpos policiales que realizan operaciones militares, quitar las armas de guerra a todas sus unidades, recoger todos los agentes de policía dispersos en tareas ajenas a su misión constitucional  y dedicarlos a la seguridad ciudadana. Nada más.

 

     10. Dudas acerca de la contratación y adquisición de equipo militar

    El escándalo de Fondelibertad y la poco clara compra de orugas y motores de menor capacidad para repotenciar los tanques, son apenas dos de las muchas dudas que se han tejido alrededor de la contratación de equipo y avituallamiento militar, a partir de 1991 cuando el Ministerio de Defensa inició a ser ocupado por dirigentes políticos civiles, carentes de la formación profesional para ejercer este cargo.

    La salida de la ministra Martha Lucía Ramírez debido a la disputa  personal que tenía con el general Mora Rangel acerca de quién compraba los abastecimientos de las tropas, añadida a la obcecada inclinación de Santos como ministro para adquirir elementos bélicos y asesorías israelíes, centralizar las compras de todos los productos para el sector defensa, asignar elmanejo de las farmacias militares a un solo operador, asi como el incremento de cargos burocráticos en viceministerios, institutos descentralizados y gastos aberrantes como el de Fondelibertad, perfilan una intención diferente a la de defender políticamente a las Fuerzas Militares y de Policía.

    Asimismo generan muchas dudas las liquidaciones por disminución de la capacidad sicofísica de altos oficiales, que ejercen cargos de suma responsabilidad con aparente excelente estado físico ya que para ascender eso les exige la institución y la ley.

    Pero al pensionarse resultan colmados de inhabilidades físicas que significan ingentes pagos para el erario nacional, y de manera curiosa algunos de ellos liquidados con inhabilidades permanentes casi del 95%, pueden ejercer y de hecho se posesionan como funcionarios públicos de alto nivel en contraste con la supuesta inhabilidad total que les acaban de pagar.

    Mientras no haya transparencia en el manejo de los dineros del sector defensa y mientras los ministros de defensa no tengan autoridad moral y carácter para impedir que esto ocurra, tampoco será posible ganar al guerra ni aclimatar la necesaria paz para Colombia.

            Conclusiones

  1. Durante 20 años ininterrumpidos desde 1991 hasta 2011 el cargo de Ministerio de Defensa ha sido ejercido por  funcionarios civiles sin idoneidad profesional. El inadecuado retiro del general Matamoros es el resultado de esa política errónea, pero de continuar sin solucionar los problemas estructurales de fondo, ni será el único ni el último.
  2. El desconocimiento de los alcances del Plan Estratégico de las Farc ha servido para prolongar la guerra, incrementar fricciones internas dentro de las Fuerzas Armadas y dar a la Policía nacional un campo de acción que no corresponde a su tarea primordial de fuerza civil dedicada a la seguridad ciudadana.
  3. La carencia de ley orgánica de Defensa Nacional y la ausencia de objetivos nacionales y de estrategias integrales de cooperación cívico-militar y acción sicológica, han sido muy negativas para Colombia, país carente de patriotismo y de visión geopolítica de su destino en el entorno.
  4. A la inminente agresión armada chavista contra Colombia ensamblada en el Plan Guaicapuro y el Plan Estratégico de las Farc,  se añaden la complicidad del Foro de Sao Paulo y el interés de los gobiernos pro terroristas del continente de ver a Colombia dentro de la esfera de la dictadura cubana.
  5. Las soluciones son de carácter inmediato. Activar el servicio de movilización no es una idea etérea. Es una necesidad impostergable para estructurar a mediano y largo plazo los retos de la defensa nacional de  un país en guerra.
  6. Urge mejorar la capacitación profesional de los oficiales de las Fuerzas Militares en ciencias militares como Seguridad Nacional, Defensa Nacional, Logística, Estrategia, Geopolítica, Inteligencia Estratégica, Movilización Nacional ó Potencial de Guerra de la Nación, etc.
  7. La pulcritud administrativa es pilar fundamental para cualquier paso positivo hacia la mejoría del esquema de Seguridad y Defensa Nacional.

 

Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido

Analista de asuntos estratégicos

www.luisvillamarin.com

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